Rajoy anuncia profundos recortes fiscales en España

MADRID, ESPAÑA (19/DIC/2011).- El presidente electo del Gobierno español, Mariano Rajoy, admitió el lunes que su país atraviesa por severos problemas económicos y prometió fuertes recortes de gasto en la administración pública al tiempo que ofreció beneficios tributarios para las empresas.

En su primer discurso ante el nuevo Congreso, Rajoy dijo que la estabilidad presupuestaria, una costosa ronda de consolidación en el sistema bancario y reformas a la economía española, entre otras a su rígida ley laboral, serán sus metas centrales.

Rajoy del centroderechista Partido Popular fue elegido por una abrumadora mayoría en noviembre. Enfrenta la tarea casi imposible de resucitar a la economía, sumida en una recesión en momentos que la crisis de deuda de la zona euro se profundiza, mientras trata de cumplir con las duras exigencias europeas.

"Estamos enfrentando enormes dificultades y debemos hacer esfuerzos muy exigentes", dijo Rajoy al Parlamento.

El nuevo jefe de Gobierno abogó en su discurso de investidura por un duro régimen para aplicar en carne propia los "sacrificios" necesarios para sacar al país de la crisis y recuperar la credibilidad.

"El mayor esfuerzo no puede recaer en los ciudadanos, sino que tiene que provenir de las Administraciones Públicas. Tanto a largo plazo, como con carácter inmediato", aseguró Rajoy.

Pese a avanzar algunos detalles, el líder del Partido Popular dejó muchas puertas abiertas o sujetas a interpretación en un discurso relativamente ambiguo en algunos temas considerados clave.

Sostuvo que las pensiones subirán el año próximo en lo que, dejó claro, será "el único y exclusivo" aumento del gasto público en el 2012.

Dicho esto, se anotó como primera prioridad aprobar en enero una Ley de estabilidad presupuestaria, que frene los límites de deuda de las administraciones públicas.

La idea es fijar el déficit estructural máximo en un 0,4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), proyectando una línea de ahorro progresivo para rebajar la deuda pública del país al 60 por ciento del PIB desde el 66 por ciento actual.

Además, pretende acometer una dura reforma a la administración pública redimensionar el tamaño y los costos tanto del Gobierno central como los gobiernos locales.

En concreto, Rajoy avanzó que suprimirá y reestructurará organismos autónomos, agencias y entidades públicas para reducir costos, además de recortar gasto corriente con medidas que incluirán mejorar la gestión del patrimonio inmobiliario.

Además, avanzó que se reducirá notablemente el número de funcionarios al no llenar las vacantes del sector público, salvo en cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y servicios públicos básicos.


IMPULSO ECONÓMICO

Al margen de estas medidas, el discurso también incluyó promesas para movilizar el maltrecho mercado de la vivienda, frenar la presión sobre las empresas pequeñas y medianas e incentivar la contratación para permitir una recuperación económica.

"El mensaje (de Rajoy) ha tratado de compaginar el ajuste del déficit con reformas para que la economía empiece a crecer", dijo Nicolás López, director de análisis de M&G valores.

De hecho, consciente de que la economía española está al borde de la recesión, Rajoy dejó claro que, cuando pase el temporal, será necesario un fuerte ajuste fiscal.

Entretanto, el nuevo Gobierno retomará una exención tributaria para la compra de primera vivienda, mantendrá el Impuesto al Valor Agregado reducido por este concepto y ampliará el espectro de sociedades que podrán acogerse a un impuesto más bajo.

Además, tras dejar claro que una de las prioridades absolutas es la reducción de un desempleo que afecta a cinco millones de personas, Rajoy dijo que en el primer trimestre presentará su proyecto de una nueva reforma laboral y prometió que incentivará las contrataciones.

Conocedor de la importancia de acabar con la actual estrechez del crédito, Rajoy dedicó una parte destacada de su discurso al sistema financiero exhortando a un ajuste de los activos tóxicos de la banca que, en su opinión, provocará una segunda oleada de fusiones.

Sin embargo, fue una de las cuestiones más difusas del discurso al no aclarar si el Gobierno está dispuesto o no a crear un "banco malo" que agrupe activos inmobiliarios considerados problemáticos y que el Banco de España cifra en 176.000 millones de euros.

Rajoy pidió a la banca una valoración "muy prudente" de los activos menos líquidos y la instó a vender los inmuebles terminados que tienen en cartaera.

"Estas medidas supondrán la asunción de pérdidas latentes u ocultas en los balances, por lo que es inevitable una segunda ola de reestructuraciones", dijo.