Aprueban parte de reforma judicial en Argentina

BUENOS AIRES, ARGENTINA (25/ABR/2013).- La Cámara de Diputados argentina convirtió el jueves en ley una parte de la polémica reforma del Poder Judicial que según la oposición vulnera la independencia de la justicia y garantiza al gobierno la impunidad.

En una larga sesión salpicada por los duros cruces verbales entre la oposición y el oficialismo, los legisladores aprobaron la creación de tres nuevas Cámaras de Casación y la limitación de las medidas cautelares contra el Estado, muy resistida por un amplio abanico de opositores y grupos civiles.

Ambas iniciativas ya contaban con media sanción en el Senado, donde el peronismo oficialista también tiene el control y cuenta con aliados.

La presidenta Cristina Fernández sostiene que la reforma busca transparentar el sistema de justicia y eliminar lo que a su entender son camarillas de magistrados que protegen sus intereses. La mandataria indicó días atrás que algunos sectores de la justicia son extremadamente lentos a la hora de dictar sentencias y que defienden los intereses de empresas y corporaciones en contra del Estado.

La propuesta que limita el período de vigencia de las medidas cautelares contra el Estado fue retocada recientemente por el oficialismo porque según organizaciones civiles incurría en la inconstitucionalidad. Se amplió a "sectores socialmente vulnerables" la posibilidad de que un juez pueda otorgar una medida cautelar antes de tener el punto de vista estatal.

Sin embargo, opositores y analistas advirtieron que dichos cambios son insuficientes para garantizar la tutela judicial de los distintos sectores sociales frente al poderío gubernamental. Afirman que viola principios constitucionales y tratados internacionales de derechos humanos.

El diputado oficialista Jorge Yoma, que estaba en contra de los proyectos gubernamentales, consideró que la reforma judicial "es una de las leyes más indignas que votó el Congreso en 30 años de democracia" y adelantó que acompañará cualquier demanda que se haga en la justicia en contra de lo calificó de una "vergüenza".

El texto aprobado señala que la medida cautelar dictada contra el Estado "sólo tendrá eficacia cuando se trate de sectores socialmente vulnerables acreditados en el proceso, se encuentre comprometida la vida digna conforme la Convención Americana de Derechos Humanos, la salud o un derecho de naturaleza alimentaria... y cuando se trate de un derecho de naturaleza ambiental".

También indica que al otorgar una medida cautelar "el juez deberá fijar, bajo pena de nulidad, un límite razonable para su vigencia, que no podrá ser mayor a los seis meses". En los procesos tramitados "por el procedimiento sumarísimo y en los juicios de amparo, el plazo razonable de vigencia no podrá exceder de los tres meses", agrega.

Tras el vencimiento del plazo fijado y "previa valoración adecuada del interés público comprometido en el proceso, el tribunal podrá, fundadamente, prorrogar la medida por un plazo determinado no mayor de seis meses, siempre que ello resultare procesalmente indispensable", sostiene la propuesta aprobada.

Otro punto es el que afirma que los jueces no podrán dictar ninguna medida cautelar que "afecte, obstaculice, comprometa, distraiga de su destino o de cualquier forma perturbe los bienes o recursos propios del Estado, ni imponer a los funcionarios cargas personales pecuniarias".

Los críticos de la propuesta señalan que ésta última responde a la batalla judicial que mantiene el gobierno con el multimedios Clarín, el cual logró frenar con medidas cautelares la aplicación de algunos aspectos la ley de medios de 2009 que lo obligaba a desinvertir en el mercado audiovisual. Días atrás una cámara de alzada falló a favor del grupo periodístico para que mantenga su negocio de la televisión por cable, una de sus principales fuentes de financiación, medida que ha sido apelada por el Ejecutivo ante la Corte Suprema.

El diputado oficialista Juan Pais afirmó que "aún las medidas cautelares dictadas por un juez incompetente serán válidas cuando se hable de sectores sociales vulnerables y esté en riesgo la vida digna y cuando se encuentre afectado un derecho de naturaleza alimentaria".

Por otro lado, también salió adelante la iniciativa oficialista para crear tres Cámaras de Casación en lo Contencioso Administrativo, en Trabajo y Seguridad Social y en lo Civil y Comercial, que se sumarán a la ya existente en el fuero penal, como instancia de apelación previa a la Corte Suprema de Justicia.

El oficialismo alega que busca disminuir la cantidad de expedientes que llegan a la Corte Suprema para reducir su carga de trabajo, aunque la oposición sostiene que así se paralizarán muchos juicios, como los que llevan los jubilados contra el Estado para que se actualicen sus haberes.

El oficialismo también logró que se aprobaran el jueves una serie de modificaciones a la controvertida propuesta de reforma del Consejo de la Magistratura, el órgano que elige y remueve a los magistrados, que según los opositores son insuficientes para dar el aval a dicho proyecto. A raíz de esos cambios, la iniciativa, que fue rechazada por casi una decena de diputados del partido gobernante y aliados, volverá al Senado para su votación.

Según el gobierno, la reforma del órgano que elige y remueve a los jueces lo hará más eficaz, transparente y democrático. De los 13 miembros actuales dicho órgano pasaría a tener 19 que serían elegidos por voto popular teniendo en cuenta el peso de las mayorías y minorías electorales.

Según las críticas de analistas, el proyecto busca que el partido que gane las elecciones se asegure la mayoría de los miembros del Consejo o una suerte de mayoría automática de al menos diez o más de los integrantes del órgano.

La iniciativa también modifica las mayorías para tomar algunas decisiones en el seno del Consejo. En la actualidad se exige el voto de los dos tercios y en un futuro exigiría la mayoría absoluta -la mitad más uno- de los miembros.

La diputada oficialista Diana Conti sostuvo que "la soberanía popular se va a hacer real con la elección de los consejeros" y subrayó que la participación popular contribuirá a "democratizar" al Poder Judicial.

La diputada del peronismo opositor Graciela Camaño anunció en tanto que va a "tratar de llegar a todos los que tengan legitimación para plantear la inconstitucionalidad" de la propuesta.

Algunas modificaciones que el oficialismo realizó en la iniciativa del Consejo de la Magistratura a partir de las críticas de las asociaciones de magistrados permitirán a la Corte Suprema de Justicia preservar el manejo del presupuesto del Poder Judicial y la política salarial, en lugar de que lo haga el organismo que elige a los jueces.

El proyecto oficialista de reforma del Poder Judicial contiene otras tres propuestas que gozan de mayor apoyo entre las organizaciones civiles que ya tienen media sanción de la Cámara de Diputados y que serán tratadas próximamente en el Senado. Consisten en la publicación en internet de las declaraciones patrimoniales de los jueces y los demás funcionarios públicos, así como de las resoluciones de la Corte Suprema y de los tribunales federales, y que el ingreso de empleados y funcionarios al Poder Judicial sea mediante concurso.


No es un sistema novedoso la reforma aprobada en Argentina, opinan

La recién aprobada reforma en Argentina para que los jueces sean elegidos mediante voto popular, no es un sistema único en ese país ni mucho menos novedoso, explicó el abogado Carlos Enrigue Zuloaga.

"En Estados Unidos hay 12 estados donde los jueces son por elección popular; además en los Cantones Suizos y Rusia", explicó el experto. Asimismo, dijo que lo que están reduciendo es el cuerpo al equivalente al Consejo de la Judicatura de aquí, de 19 a 15.

Con ello, deja en evidencia que Argentina no es el único en el mundo que aplicará este sistema de elección popular para los jueces.

En Japón, dijo el abogado Enrigue, hay un modelo más interesante, donde designan a los candidatos a la Suprema Corte, y después hay un plebiscito para ver si se confirma o no.

Según el experto, no existe ningún tipo de beneficio con este nuevo modelo, aunque como consecuencia, afirma: "quedaríamos en manos de los partidos, si ya de por sí no hallamos cómo quitárnoslos".

La atribución que hace Carlos Enrigue a la aprobación de dicha reforma en Argentina, es porque "los partidos son cada vez más insaciables; ser juez no es algo que se pueda adquirir así como así, es un oficio; por ejemplo, yo opino que aquí por qué tiene que elegir los diputados a los magistrados".

El abogado dijo que la única manera de ver esto como un punto a favor para el triunfo legislativo del Gobierno de Argentina, es que la idea sea darle más poder a los partidos políticos.

"Para el sistema de justicia de México, este modelo está lejos de aplicarse, aunque si lo vieran los abogados, les encantaría", concluye Carlos Enrigue Zoloaga.

Con información de AP y El Informador / Édgar Flores