Clarín le gana un round a Cristina Fernández

BUENOS AIRES, ARGENTINA (07/DIC/2012).- Primer asalto para el consorcio de medios Clarín. La justicia argentina dejó en suspenso anoche la cláusula antimonopólica de la Ley Audiovisual que el gobierno iba a aplicar al grupo de multimedios, el único que resiste en las cuerdas la medida, aunque otros medios deberán también desprenderse de bienes, .

La Cámara de Apelaciones conecta un uppercut al gobierno de Cristina Fernández, al prorrogar la medida cautelar, presentada por Clarín, hasta que se dicte sentencia definitiva sobre la constitucionalidad o no de la norma antimonopólica, según el texto difundido por el oficial Centro  de Información Judicial (CIJ).

El Gobierno argentino anunció que recurrirá a la Corte Suprema para que revise un fallo de un tribunal de alzada que prorrogó. De esta manera, el gobierno seguirá combatiendo en la batalla que pensaban que concluiría en un nocaut por la democratización de los medios y que habían bautizado como el 7-D, ya que en mayo pasado, la Corte Suprema había establecido esta fecha como límite para la total aplicación de la Ley de Medios aprobada hace tres años

Unos 14 grupos ya han presentado sus planes para adecuarse a la legislación. Se trata en su mayoría de conglomerados con líneas editoriales afines al gobierno. Algunos de ellos son grupos familiares y han propuesto dividirse en varias empresas en las que cada pariente sea dueño de una.El presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Martín Sabbatella, ha considerado válida la oferta, pese a las críticas de algunos defensores de la Ley de Medios, que en su momento no sólo fue aprobada por el kirchnerismo, sino también por el socialismo y fuerzas de izquierda.

Falta que otros siete grupos empresariales presenten sus propuestas, entre ellos Clarín y otros que se han mostrado proclives a hacerlo, como PRISA (editora de EL PAÍS), Telefónica y la estadounidense DirecTV. Más de 330 medios de comunicación deberán cambiar de dueño en Argentina, según un recuento del periódico El Cronista Comercial. De ellos, a Clarín le corresponde desprenderse de entre 150 y 200 espacios.

Clarín asegura que la ley busca destruirlo y que ello conllevará también el desarme de su negocio de proveedor de Internet, que va unido al de televisión por cable.

Denuncia que otros competidores como Telefónica no son tratados por el gobierno con la misma vara, y en eso coinciden defensores de la ley, que además se quejan de que hasta ahora se incumplió la norma que dice que un tercio de licencias de radio y televisión abiertas deben repartirse entre organizaciones sociales.

La legislación dice que ningún grupo extranjero puede tener más del 30% de una radio o un canal. Pero Telefónica podrá seguir teniendo sus emisoras porque invirtió antes de 2002, cuando otra ley, la de bienes culturales, impulsada por Clarín, había establecido ese mismo límite.

El grupo español alega, con el apoyo gubernamental, que en ese momento nadie lo objetó y su situación entonces ya no se puede modificar. En cambio, PRISA, que invirtió después de 2002, tendrá que vender la mayor parte de sus participaciones en radios.

Telefónica además es cuestionada porque incumpliría con la disposición que prohíbe disponer de emisoras a los operadores de servicios públicos, como el de telefonía.

Sin embargo, Telefónica y el Gobierno dicen que el grupo televisivo Telefé no guarda vinculación alguna con Telefónica de Argentina, sino que pertenece directamente a la casa matriz, con sede en Madrid.

Tanto Telefónica como PRISA sí deberán desinvertir porque sus canales y radios exceden una cobertura de 35% de la población argentina.

Pero Clarín es el único de los 21 grupos en cuestión que ha cuestionado ante la justicia la constitucionalidad del artículo que obliga a desinvertir. Y está pendiente de dos resoluciones. Cualquier novedad sobre ambas podría dejar sin efecto la fecha límite del 7-D.