Cuádruple crimen dispara polémica por aplicación leyes penales en Argentina

BUENOS AIRES.- El cuádruple crimen de una familia argentina cuyo principal sospechoso es un peligroso delincuente que cumplía prisión domiciliaria y era vigilado mediante una pulsera magnética ha disparado una polémica en el país en torno a la aplicación de las leyes penales.

El brutal asesinato de la familia Mansilla también ha motivado un pedido de juicio político contra el juez que concedió la prisión domiciliaria al supuesto asesino y obligado hoy a la intervención del Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Hasta la propia presidenta del país, Cristina Fernández, se refirió al asunto, que calificó de "conmocionante", al opinar que los jueces "tienen herramientas" para evitar fallas en la vigilancia de los condenados.

Los cadáveres de Marcelo Mansilla, de 41 años, y Sandra Rabago, de 37, fueron hallados por la policía el pasado martes 29 de julio a la vera de una transitada carretera de las afueras de Buenos Aires, a la altura de la ciudad de Campana.

A pocos kilómetros de allí aparecieron el sábado último los restos de los hijos de la pareja, de 8 y 11 años.

Los investigadores determinaron que la familia había sido secuestrada de su casa de la localidad bonaerense de José C. Paz antes de ser asesinados a hachazos en el caso de los padres y a mazazos en el de los hijos.

La atrocidad del crimen sacudió a la opinión pública, que quedó aún más conmovida cuando se informó que uno de los cinco detenidos, Ángel Fernández, había sido beneficiado el año pasado con prisión domiciliaria, vigilada a través de una pulsera magnética, pese a tener una condena vigente por violación y homicidio.

Quien dispuso esa medida fue el juez Nicolás Schiavo, quien explicó que su resolución "se ajustó a derecho".

"Le di la detención morigerada por razones humanitarias: su mujer había tenido un bebé en una cesárea y debía estar con ella", se defendió el magistrado.

La medida dispuesta por Schiavo fue criticada por varios especialistas en derecho penal.

"Un juez debe ser muy restrictivo para otorgar este beneficio (de prisión domiciliaria), muy especialmente cuando el individuo que lo solicita ha cometido ilícitos contra la vida y honor de las personas", sostuvo el juez Luis Cayuela.

Para el abogado penalista Eduardo Gerome, "decisiones como ésta no pueden ser tomadas automáticamente". "Aunque se trate de un delito leve es imprescindible evaluar la personalidad del imputado y tener la seguridad de que, una vez en libertad, no será un peligro para la sociedad", comentó.

Jorge Casanovas, juez penal y ex ministro de Justicia bonaerense, aseguró que parte del planteo de Nicolás Schiavo es "correcto" ya que "la ley actual permite morigeraciones como la que aplicó", y opinó que son los legisladores quienes deben aprobar nuevas limitaciones para el otorgamiento de estos beneficios.

Además de quedar en el centro de la polémica, Schiavo está a punto de perder su trabajo, tras un pedido de juicio político en su contra presentado por el legislador Guido Lorenzino, quien pretende que se analice si el juez actuó de forma incompetente, negligente o con parcialidad.

El caso también motivó hoy la intervención del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, que ha sugerido a los jueces que revisen 22 casos de prisión domiciliaria de individuos a los que se les imputan gravísimos delitos y que son monitoreados con pulseras magnéticas.

El ministro de Justicia provincial, Ricardo Casal, cifró en 300 los detenidos domiciliarios que cuentan con este sistema de vigilancia.

Precisó que entre los 22 casos cuya revisión se exige figuran los de catorce violadores, tres homicidas, un doble asesino, un condenado por tortura seguida de muerte y tres acusados de corrupción de menores.

Casal anunció además que en los próximos días el Gobierno provincial enviará a la Legislatura una proyecto de ley que reforma el Código Procesal Penal, con el objetivo de restringir beneficios a quienes cometen delitos graves.