España esperará a la sentencia firme de Carromero para actuar

MADRID, ESPAÑA (16/OCT/2012).- España dijo el martes que esperará a que sea firme la sentencia contra el joven político español Angel Carromero, involucrado en un accidente en Cuba que ocasionó la muerte de un prominente disidente, antes de iniciar las labores diplomáticas para su retorno al país.

Carromero, de 26 años y vicesecretario de Nuevas Generaciones del gobernante Partido Popular en Madrid, fue condenado el lunes a cuatro años de cárcel por conducta imprudente por el accidente en el que murió el destacado disidente cubano Oswaldo Payá en julio. El político español conducía el auto accidentado.

"Cuando la sentencia sea firme (...) haremos la labor diplomática con toda la discreción que estas cosas requieren para lograr que Ángel Carromero esté cuanto antes entre nosotros", dijo a periodistas el ministro de Relaciones Exteriores español, José Manuel García-Margallo.

"Esa es nuestra preocupación, y esa ha sido nuestra preocupación desde el principio", agregó, en la primera reacción oficial del Gobierno español sobre la sentencia.

Carromero tiene 10 días para apelar la sentencia, que de lo contrario se convertiría en firme.

"Si (la familia y la defensa de Carromero) deciden no apelar, la sentencia será firme y entonces empezará la labor para lograr una de las tres cosas: el indulto, la expulsión o el cumplimiento de la pena en España", explicó Margallo.

En el accidente ocurrido el 22 de julio fallecieron Payá, de 60 años y fundador del Movimiento Cristiano Liberación, y el opositor cubano Harold Cepero, de 31 años. Junto a Carromero sobrevivió Jens Aron Modig, de 27 años y líder de la Liga Demócrata Cristiana de Suecia.  

Familiares de Payá no han admitido la versión oficial de los hechos y sostuvieron que otro vehículo pudo haber inducido el accidente, pero tanto Carromero como Modig lo negaron y declararon que se trató de un accidente de tráfico.  

El caso de Carromero recordó al del contratista estadounidense Alan Gross, detenido y condenado en Cuba a 15 años de cárcel por conectar ilegalmente a Internet a grupos de cubanos como parte de un programa financiado por Estados Unidos.