Estatización de petrolera en Argentina sacude al mundo

BUENOS AIRES, ARGENTINA (17/ABR72012).- Se veía venir. El anuncio de la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, no hizo más que poner la cereza en el pastel. La mandataria anunció a través de una cadena nacional que el Gobierno anunció envío al Congreso de un proyecto de ley para expropiar 51% de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), a un precio que fijará el Tribunal de Tasaciones de la Nación y en el marco de la declaración de “interés público y nacional” al “autoabastecimiento de hidrocarburos”. El total a expropiar pertenece a la española Repsol, pero queda en el aire qué sucederá con los interese de Petróleos Mexicanos (Pemex) que tiene una participación de capital de 9.5 por ciento.

Desde el jueves de la semana pasada el Congreso argentino tiene en su poder un borrador del proyecto “De la soberanía hidrocarburífera de la República Argentina”. Los legisladores oficialistas, enrolados en la agrupación política Frente para la Victoria, ya han avanzado en su análisis, y se espera que este mediodía lo traten dos comisiones del Senado, ocasión para la que han sido convocados el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, designado por la presidenta como interventor de YPF, y el viceministro de Economía, Axel Kicillof, quien secundará al ministro en la intervención de la mayor productora de hidrocarburos de Argentina.

En cuanto a la oposición ha reaccionado en forma dividida ante el anuncio gubernamental, con la Unión Cívica Radical, la segunda fuerza parlamentaria, anticipando que no acompañará al oficialismo e impulsará un proyecto propio.

Otros sectores de centro y derecha también han manifestado su oposición a la expropiación de 51%, mientras que algunos integrantes de la izquierda opositora manifestaron su adhesión a la iniciativa, aunque con reservas

El principal fundamento del polémico proyecto de ley que levantó encendidas discusiones desde España a Puerto Vallara, a donde arriba hoy el jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy, con motivo de la realización del Foro Económico Internacional,  es la declaratoria “de interés público nacional y como objetivo prioritario el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos” y “la explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos”.

España espera guiño de México

En este contexto, y en un marco de crecientes tensiones diplomáticas y políticas entre  Buenos Aires y Madrid, España anunció que la expropiación de la petrolera YPF también a México, según el canciller español José Manuel García-Margallo.

En rueda de prensa en compañía del ministro de Industria, Comercio y Turismo, José Manuel Soria, explicó que el jefe de gobierno español, Mariano Rajoy, estará este martes en México, donde hablará con el Gobierno sobre el asunto.

A propósito, el Presidente Felipe Calderón ya se pronunció anoche contra la decisión argentina y la calificó de “muy poco responsable e irracional”.

Calderón es el presidente protempore del G-20, puesto que México será el país anfitrión de la cumbre de los países más desarrollados, que se realizará en Puerto Vallarta.

García-Margallo remató: “Es una cuestión que afecta a España, pero al romper el principio de seguridad jurídica también afecta a cualquier inversor internacional”.

Hillary, en estado de alerta

También se sumó al debate la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, quien dijo que la decisión del Gobierno generará debate y agregó que el éxito de la apertura del mercado de materias primas está demostrado.

Clinton reivindicó el mercado abierto de recursos naturales, porque “es exitoso”.

Claves
El espíritu de la ley

1.- El Gobierno argentino remitió al Congreso un proyecto de ley para expropiar 51% del patrimonio de YPF, correspondiente a casi la totalidad de las acciones de la española Repsol. El resto, seguirá en manos de particulares y accionistas minoritarios. El frente de partidos en el Gobierno tiene mayoría en ambas cámaras legislativas.

2.- El paquete mayoritario de las acciones se dividirá en 26.01% para el Gobierno federal y 24.99% para las provincias productoras de petróleo.

3.- Esto significa que la petrolera continuará operando como sociedad anónima, pero con la mayoría de capitales estatales.

4.- El proyecto de ley se denomina “Soberanía hidrocarburífera de la República Argentina” y declara “de interés público” de la riqueza petrolera del territorio nacional.

Latinoamérica
Tendencia hacia mercados cerrados

Los años ochenta y noventa, dominados por el pensamiento neoliberal proveniente de los organismos internacionales, se han ido. El Estado, antes vilipendiado y acusado de ineficiente, ha llegado a la estratégica área de los energéticos. Desde finales de los noventas, cuando Hugo Chávez comenzó una rápida nacionalización de la pujante industria energética venezolana, casi todos los países con abundantes recursos petroleros, han optado por la vía de la administración central de los energéticos.

El caso más emblemático es México, en donde el régimen petrolero está cerrado incluso a la coparticipación de empresas petroleras privadas en contratos de explotación (la renta energética es intocable para la constitución, en algunas interpretaciones). Ni siquiera Cuba es tan proteccionista en tema energético, ya que ha firmado contratos con la petrolea estatal china para exploración y explotación.

En Brasil, a pesar de emprender la consolidación de un engranaje institucional abierto a la participación privada en la paraestatal Petrobras (Petróleos de Brasil), la tendencia se ha revertido desde el hallazgo del macroyacimiento del Tupí, un gigante encontrado en el noreste del país. En la actualidad, el régimen brasileño combina bursatilización (Petrobras cotiza en bolsa), contratos de riesgo y propiedad seminacional. Sin embargo, este modelo es mucho más estatista que aquel defendido por Fernando Henrique Cardoso.

Bolivia y Ecuador, desde la llegada de Evo Morales y Rafael Correa a la presidencia, han decidido situarse en el timón de un proyecto sumamente nacionalista que sirve como motor presupuestal del país. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, el petróleo representa un poco más de 55% del presupuesto nacional. Sin oro negro no hay educación ni salud.

Chile, Colombia y Perú, son las excepciones. Ninguno de los tres países representa alto potencial energético. Y aunque durante décadas han logrado ser medianamente sustentables, su modelo de explotación petrolera está en consonancia con los patrones de apertura y liberalización del sector.

Cronología

1989, desregulación

Con la llegada del Gobierno del peronista liberal Carlos Saúl Menem, en 1989, comenzó la reestructuración de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).

1992, privatización

En 1992 el Gobierno convoca a la privatización de YPF. Dejará de ser una sociedad del Estado para transformarse en una Sociedad Anónima. Repsol gana la licitación.

1996, aparece Kirchner

En 1996, el entonces gobernador de Santa Cruz y posterior presidente argentino, Néstor Kirchner, avala la privatización y recibe regalías petroleras.

2012, la ofensiva oficial

La Casa Rosada inicia la ofensiva contra YPF.  Las provincias comienzan a quitarle áreas petroleras a la empresa. Ayer, fue el anuncio de la estatización.

TELÓN DE FONDO
Golpea a Petróleos Mexicanos la nacionalización

La estrategia mexicana de adquisición de acciones en empresas petroleras internacionales sufrió otro golpe. Desde la llegada de Juan José Suárez Coppel a la presidencia de Petróleos Mexicanos (Pemex), no es difícil identificar una estrategia de extensión del ámbito de influencia de la paraestatal a través de la inversión en petroleras públicas y privadas. Por un lado, Pemex ya buscó aumentar su participación en Repsol (petrolera española), comprando acciones que le permitieran en asociación con la constructora española Sacyr Vallehermoso, alcanzar un espacio de decisión muy importante al interior de la compañía energética española de capital privado. Los escándalos en España y en México, producto de la falta de claridad en los motivos de Pemex, detuvo las ambiciones de la paraestatal mexicana.

En el caso de la inversión realizada por Pemex en el marco de la asociación Repsol-Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), realizada en agosto de 2011 cuando las acciones de la alianza presentaban un descenso en sus costos, los rendimientos no han sido los esperados. Hoy la petrolera mexicana controla 9.5% de las acciones de la asociaciones hispano-argentina.

Ante la nacionalización anunciada por la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, no queda claro cómo se subsanará económicamente la inversión realizada por la paraestatal mexicana en agosto de 2011. Incluso, días después de la adquisición de las acciones, la inversión ya presentaba pérdidas.

En el mismo sentido, los reveses que ha recibido Pemex en estos dos episodios en menos de un año, ponen en tela de juicio la viabilidad de una estrategia que busca en el exterior asociaciones que la ley no permite en México. La reforma de 2008 en materia energética, posibilitó las incursiones de Pemex en mercados antes cerrados para la paraestatal.

Sin embargo, las modificaciones aprobadas por el Congreso en aquel año no abrieron la posibilidad de que México firmara los famosos “contratos de riesgo”, una modalidad de exploración y explotación petroleras, que combina capitales público y privado.

Por el contrario, se privilegió el mantenimiento de los acuerdos incentivados, que no comparten la renta energética, y sólo contemplan pagos en efectivo.


Análisis
Tango

Orestes E. Díaz Rodríguez

El Gobierno argentino vuelve a sorprender con una decisión que cimbra a la nación y al conjunto de  sus relaciones internacionales. Así ocurrió en 2004 con la quita de 75% de la deuda como base de la reestructuración de los pagos  acometida unilateralmente por Néstor Kirchner. Así sucedió en 2009 cuando se elevó el impuesto sobre las exportaciones agropecuarias que desató el  extenso conflicto con el campo.

Lo que explica que un Gobierno apueste con frecuencia por medidas dramáticas suele estar asociado con la desesperación, la incapacidad para medir las múltiples consecuencias de sus actos, el interés por  dejar a como dé lugar un legado, y también, la creencia ingenua de que son factibles soluciones rápidas para problemas complejos.

Si algo caracteriza la decisión de expropiación de 51% de las acciones de YPF es la infinita cantidad de ángulos que tiene la medida. Claramente es legítimo y clave que una nación tenga el control de sus recursos energéticos, pero ¿pueden invocar exitosamente ese derecho los mismos líderes que años atrás defendieron la idea de la privatización?

Tal y como se desarrolló la escandalosa privatización de los 90, no es difícil entender que en Argentina las compañías extranjeras prioricen los beneficios netos con la menor inversión posible, pero ¿los detentadores del poder público han dado algún indicio serio de ser eficientes gestores?

No hay dudas que los intereses perjudicados por la expropiación deben ser indemnizados, pero ¿existe alguna garantía de que el monto sea el apropiado cuando quienes ejecutarán la tasación de los bienes son los mismos que realizan la intervención?

Dado que en contra de la medida se alzan las voces de la Unión Europea y Estados Unidos, ¿es probable que los beneficios de la decisión  se vean superados a corto y mediano plazo por los costos que generarán las represalias comerciales y diplomáticas?

¿Es la crisis energética interna la que condiciona que se abran en tan corto tiempo dos frentes colosales de batalla, como la recuperación de Malvinas y de YPF? 

Y por último, acaso es el descubrimiento del yacimiento de Vaca Muerta (en la Patagonia)  el “culpable” de la resurrección del enterrado nacionalismo argentino.