La ONU urge a evitar interferencias en juicio a Ríos Montt

GINEBRA, SUIZA (27/AGO/2015).- Expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) urgieron hoy al gobierno de Guatemala a prevenir cualquier interferencia en el juicio por genocidio contra el ex presidente Efraín Ríos Montt.
 
Los expertos para la Prevención de Genocidio y sobre Justicia Transicional llamaron a autoridades judiciales guatemalteca a "prevenir cualquier intento de interferencia, obstrucción de la justicia o manipulación de la ley" en el marco del reinicio del juicio contra el ex mandatario.
 
El juicio se lleva a cabo contra Ríos Montt y el ex jefe de Inteligencia de Guatemala, José Mauricio Rodríguez Sánchez.
 
La petición por parte del Asesor Especial de la ONU para la Prevención de Genocidio, Adama Dieng, y el Relator Especial sobre Justicia Transicional, Pablo de Greiff, se da tras la decisión de un tribunal guatemalteco de reiniciar, en enero de 2016, el juicio contra Ríos Montt y Rodríguez Sánchez.
 
Ambos acusados de genocidio y crímenes de lesa humanidad por violaciones a los derechos humanos cometidas contra la población Maya Ixil entre los años 1982 y 1983.
 
Informes estimaron que unas 200 mil personas fueron asesinadas o desaparecieron durante el conflicto armado interno en Guatemala (1960-1996).
 
"Las estrategias dilatorias, el uso abusivo de los recursos judiciales y las alegadas amenazas y presiones contra jueces y fiscales encargados del caso, que han caracterizado el juicio por genocidio, revelan serias fallas en la administración de la justicia en Guatemala", señalaron.
 
Los expertos en Derechos Humanos cuestionaron la decisión de la Corte de aplicar un procedimiento especial, en razón del estado de salud mental de Ríos Montt, el cual deberá ser representado por un tutor y las audiencias serán a puertas cerradas.
 
"No queda claro por qué este procedimiento se aplicaría a ambos acusados, cuando sólo Ríos Montt ha sido declarado incompetente", cuestionaron.
 
En cualquier caso, reconocieron los expertos, los derechos al debido proceso de ambos acusados deben ser observados y el estado de salud de Ríos Montt debe ser tomado en consideración.
 
"Se podría haber evitada esta situación, si la justicia hubiera cumplido sus funciones de forma efectiva y diligente", recalcaron.
 
Mientras algunas causas judiciales han avanzado, siguen pendientes muchos casos de violaciones manifiestas de los derechos humanos y violaciones graves del derecho internacional humanitario ocurridas durante el período del conflicto guatemalteco.
 
"La denegación de la justicia a las víctimas y sus familiares como consecuencia de más retrasos y aplazamientos del juicio perpetuarán sentimientos de frustración y discriminación", enfatizó el asesor Especial Dieng.
 
"Guatemala aún necesita transformar la cultura de impunidad en una cultura en la cual se conozca la verdad y los responsables rindan cuentas, sean quienes sean", sostuvo.
 
''Una sociedad fragmentada es una sociedad que no puede vivir en paz", señaló Dieng.
 
"En sociedades en transición, la efectividad de las medidas que fomentan el Estado de derecho depende de que las instituciones del Estado inspiren confianza", aseguró por su parte el Relator Especial, Pablo de Greiff.
 
"No es posible defender la fiabilidad de las instituciones del Estado cuando éstas permiten que queden impunes crímenes tan graves como es el genocidio", agregó.
 
"Atender las violaciones del pasado y romper los ciclos de impunidad es crucial para la consolidación de la democracia - las recientes protestas contra la corrupción en Guatemala lo confirman", afirmó.
 
"El paso de tiempo es un elemento crítico", coincidieron expertos.
 
"La decisión de agendar la próxima audiencia a enero de 2016 no refleja la prioridad decisiva que merece este caso", lamentaron.
 
"Los acusados, los testigos y las víctimas, todas, están envejeciendo. Dos testigos han fallecido. Las víctimas sólo piden poder ver que se haga justicia antes de morir", subrayaron los expertos.
 
Reconocieron "los esfuerzos incansables de quienes siguen luchando para terminar con la impunidad de los crímenes cometidos durante el conflicto armado interno en Guatemala".
 
Esta declaración también la suscriben el presidente del grupo de trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Ariel Dulitzky; el Relator Especial sobre las Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, Christof Heyns.
 
Asimismo, firman el Relator Especial sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Juan E. Méndez, y la Relatora Especial sobre la Independencia de los jueces y abogados, Mónica Pinto.