La televisión promueve el clima de intolerancia

PHOENIX, ESTADOS UNIDOS (26/JUL/2010).- La estricta ley migratoria que entrará en vigor el jueves próximo en Arizona, es el resultado de una furia acumulada contra la inmigración sin papeles que ha venido creciendo desde hace varios años y que hizo erupción cuando un conocido terrateniente fue asesinado en marzo cerca de la frontera con México.

Los noticieros locales cada noche muestran notas sobre el polémico tema de la inmigración: hallazgos de casas donde los traficantes de personas hacinan a indocumentados, arrestos de inmigrantes por decenas en redadas de empresas o retenes de tránsito, políticos que hablan con rabia sobre la violencia en la frontera y sobre los costos para las finanzas estatales de la presencia de los forasteros.

En las calles se ven jornaleros ofreciendo su trabajo en los estacionamientos de tiendas como Wal-Mart y Home Depot. El español predomina en algunas partes de la zona metropolitana de Phoenix y hay residentes que se quejan de que se sienten extranjeros en su propio país.

Cuando Robert Krentz murió baleado en sus tierras cerca de la frontera, se volvió un símbolo potente en el debate. Las autoridades creen que el asesino fue un inmigrante sin documentos —algún colaborador de narcotraficantes, dicen—, pero no han mostrado pruebas concluyentes.

“No se puede ignorar el daño y los costos a los contribuyentes y la falta de respeto que causan (la inmigración ilegal) y aquellos que piensan que tienen derecho a vulnerar nuestras leyes”, dice el senador estatal Russell Pearce, autor de la ley y el principal líder de las acciones contra los indocumentados en Arizona.

La furia contra los indocumentados llevó a los legisladores a aprobar al menos siete leyes restrictivas en igual número de años, como la que declaró el inglés el idioma oficial del Estado, la que prohibió dar libertad bajo fianza a indocumentados acusados de crímenes serios, y la que les negó a las personas sin papeles recibir compensación en demandas civiles.

La demanda del Departamento de Justicia de EU, que busca inhabilitar la entrada en vigor de la iniciativa SB 1070, es una de las dos causas jurídicas contra la polémica norma.

La otra es la demanda que interpusieron más de 100 grupos defensores de los derechos civiles y personas a título individual. Las diligencias se llevarán a cabo desde hoy. Según documentos de la corte federal en Phoenix, la jueza de distrito de Estados Unidos, Susan Bolton, será la instructora en ambos casos.

LAS CIFRAS OFICIALES

Una inversión “injustificada”

45% de los arrestos de indocumentados que hace la Patrulla Fronteriza se llevan a cabo en Arizona.

600 millones de dólares gasta el Gobierno en la educación de niños indocumentados de preescolar hasta el 12 grado, de acuerdo con agencias del Gobierno de Arizona.

120 millones gasta Arizona en mantener a los criminales ilegales, de acuerdo con la misma fuente.

50 millones invierte el Gobierno de Arizona en tratamientos médicos de extranjeros sin papeles.

FUENTE: Gobierno de Arizona.

CRÓNICA

Inmigrantes huyen antes de que la norma entre en vigor

La nicaragüense Lorena Aguilar vende en la calle un decodificador de televisión y ropas, afuera de su departamento en el Oeste de Phoenix.

A unos pocos pasos, su vecina mexicana indocumentada, Wendi Villaseñor, vende una mesa de cocina, algunas sillas y algunos platos mientras su familia se apresura para salir de Arizona, antes que entren en vigor
la Ley SB 1070.

“Todos están liquidando lo poco que tienen y yéndose”, dijo Villaseñor, de 31 años, quien se dirige a Pensilvania. “No tenemos alternativa. Nos arrinconaron”.

Las dos mujeres están entre las muchas familias de inmigrantes indocumentados en Phoenix que sacaron los artículos de sus casas al jardín este fin de semana, apurados por liquidarlos y salir antes de que la “ley Arizona” entre en vigor el jueves.

La ley, la más dura que se haya impuesto en Estados Unidos para detener la inmigración ilegal, busca sacar de Arizona a más de 400 mil jornaleros, jardineros, empleados, camareras y otros trabajadores indocumentados, que comparte frontera con México.

La legislación vuelve la inmigración ilegal un crimen estatal y exige a las policías local y estatal, durante un contacto legal, investigar el estado migratorio de cualquiera de quien sospeche que es un inmigrante indocumentado.

El Gobierno estadounidense estima que unos 100 mil inmigrantes no autorizados abandonaron Arizona tres años atrás, luego de que el Estado aprobó una ley que sanciona a los empleadores y le exige a las empresas verificar a sus trabajadores usando un sistema computacional federal.

Algunos se dirigen de vuelta a México o a estados vecinos. Otros se quedarán y verán sus posibilidades.
En una señal de un éxodo masivo, negocios mexicanos como tiendas de abarrotes, carnicerías, cafeterías y salones de belleza cerraron sus puertas en las últimas semanas, abandonados por dueños y clientes.

El sábado y domingo pasados, se realizaron decenas de ventas de jardín improvisadas en vecindarios latinos en el Centro y Oeste de Phoenix.

La gobernadora republicana del Estado, Jan Brewer, promulgó la ley en abril con el propósito de reducir la violencia y el delito proveniente de la inmigración ilegal.

Aunque la ley se enfoca en los indocumentados, residentes legales y sus hijos nacidos en el país también han sido arrastrados por la urgencia de abandonar Arizona.

La mexicana Gabriela Jáquez, de 37 años, dijo que liquida sus pertenencias para mudarse a Nuevo México con su esposo, que tiene la residencia legal, y con dos hijos nacidos en Phoenix.

Antonio Cázares