Ley Arizona divide a los demócratas

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (25/JUL/2010).- Cinco días después de que la administración de Barack Obama demandara al Estado de Arizona para tratar de impedir la entrada en vigor de la ley antiinmigrante SB1070, un grupo de gobernadores demócratas se reunió en Boston para manifestar su desacuerdo contra una batalla judicial que podría costarles muy caro en las elecciones de medio término, en noviembre próximo.

A cuatro días de la entrada en vigor de la ley Arizona, Phil Bredesen, gobernador demócrata de Tennessee, un Estado que según todas las encuestas podría cambiar de color y de bando en noviembre, explica: “Es un tema muy tóxico, en un tiempo que será crucial para muchos de nosotros”.

El terror al impacto que traerá la demanda contra la SB 1070, una ley que entraría en vigor el próximo jueves y que cuenta con el apoyo de la mayoría de los estadounidenses (seis de cada 10, según los sondeos recientes), preocupa a muchos candidatos demócratas en contienda.

Razones no les faltan. El sentimiento antiinmigrante que ha atizado la gobernadora de Arizona, Janice Brewer, se ha extendido por distintos puntos del país.

Según una reciente encuesta elaborada por la Quinnipiac University, 48% de los ciudadanos desearía que sus estados siguieran el ejemplo de Arizona y que las fuerzas policiales se conviertan en una extensión de la Patrulla Fronteriza y se den a la tarea de “cazar” indocumentados.

“Hoy 83% de los jóvenes de origen latino en Estados Unidos sienten que están siendo discriminados”, aseguró el analista Howard Fineman, al advertir sobre el creciente peso político de una minoría que cada 10 años añade más de medio millón de electores.

“Es una realidad que los políticos no pueden ignorar”, añadió al criticar la política cortoplacista de quienes prefieren asegurar el pan electoral para hoy, a cambio de la desafección política de los latinos para mañana.

“Tras la batalla contra la proposición 187 en 1994 —que le negaba a los indocumentados servicios sociales, servicios médicos y educación pública en California—, más de un millón de latinos se naturalizaron y facilitaron la victoria de los demócratas”, advirtió Arturo Vargas, de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Nombrados (NALEO por sus siglas en inglés).

Así, la Casa Blanca ha defendido la “obligación constitucional” del ejecutivo para que el Gobierno federal mantenga el control de la política migratoria, pero en su decisión de enfrentarse a la SB 1070 influyen también los cálculos de largo plazo del propio Obama y los estrategas demócratas, que no desean perder de forma irremisible el apoyo de la minoría electoral más dinámica en Estados Unidos.

TELÓN DE FONDO
Botín hispano-electoral

El difícil entorno económico que azota a la Unión Americana ha ayudado a alimentar el fervor antiinmigrante, convertido en el más rabioso y efectivo recurso para disputar una jugosa cuota de votos en las elecciones de noviembre, cuando los demócratas podrían perder el control de la Cámara de Representantes y retroceder en varios estados clave para las presidenciales de 2012.

Prueba de ello es que este año se ha convertido ya en el más productivo en la formulación y proposición de medidas e iniciativas antiinmigrantes.

Tan sólo en los primeros tres meses de este año, legisladores de 45 estados introdujeron poco más de mil 180 iniciativas o resoluciones para atajar el fenómeno de la inmigración indocumentada, una cifra sin precedentes según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales (NCSL, en inglés).

En medio de un panorama que resulta adverso para la causa de poco más de 11 millones de indocumentados, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha decidido seguir adelante con una batalla judicial en Arizona que no sólo redefinirá o cambiará el rol histórico del Gobierno federal en las políticas migratoria y de Relaciones Exteriores, sino que podría definir el futuro mapa político estadounidense.

INFORME
Cruce mortal

196 personas —más de un centenar identificadas como mexicanas— han perdido la vida en su intento por cruzar ilegalmente de México hacia Estados Unidos, en lo que va del año.

78% de los casos de personas que murieron fueron sólo en el Estado de Arizona, revela un informe de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) con la estadística del primero de enero al 22 de julio.