Pena de hasta 52 años para filtrador de WikiLeaks

- Militar desata ‘‘batalla’’ entre EU y aliados

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (06/DIC/2010).- Bradley Manning podría ser condenado a una pena de 52 años. La razón: extraer de las entrañas del Gobierno de Estados Unidos miles de documentos con información sobre las acciones y diplomacia que la Casa Blanca aplica en su política exterior.

Manning es un cabo del Ejército de Estados Unidos. A sus 22 años, estaba destinado a servir en una base en Iraq en donde tenía acceso a redes clasificadas del Pentágono, sin más restricciones que las de sus conocimientos del sistema de información.

El militar aprovechó la ocasión y copió cuanta información pudo de las bases de datos del Departamento de Estado para entregarla al ahora “enemigo” más sonado de Washington: Julian Assange y su sitio WikiLeaks.

Entonces Manning se convirtió en el enemigo íntimo y fue detenido. La Justicia estadounidense lo acusa de violar el Código Militar.

De acuerdo con dicho código, el uniformado faltó a su compromiso de ética que le impide mentir, engañar, robar o tolerar que otros lo hagan, en contra de las Fuerzas Armadas.
Al parecer, la frase de la academia “Servicio, honor y patria” dejó de tener sentido para Manning. Puso de lado la formación y valores militares. El resto es historia.

El comando de Investigación Criminal del Ejército estadounidense arrestó a Manning en mayo, en Bagdad. Permaneció detenido un mes en Kuwait, sin que se presentaran cargos. Posteriormente fue trasladado a un centro de detención en Virginia, Estados Unidos.

La Justicia de la Unión Americana lo acusa de filtrar información —entre videos y documentación digital— que explican operaciones en Medio Oriente, particularmente sobre las guerras de Iraq y Afganistán, además de información sobre gobierno y corporaciones internacionales.

Ahora, enfrenta un proceso judicial que podría culminar en una pena de 52 años de cárcel.

El daño no fue menor. Además de enfrentar a Estados Unidos con sus aliados en temas de diplomacia, al Gobierno le tomará años instalar por completo sistemas de alta tecnología para bloquear a posibles intrusos en sus sistemas.