Senadora atribuye a persecución destitución por nexos con FARC

BOGOTÁ, COLOMBIA (27/SEP/2010).- La senadora colombiana Piedad Córdoba atribuyó  el lunes a "una muestra más de la persecución política" en su contra, la  decisión de la Procuraduría de destituirla e impedirle participar en política  por 18 años acusándola de colaborar con las FARC.

"Considero que la investigación disciplinaria adelantada por el Procurador  no tiene respaldo probatorio, mérito jurídico alguno y menos aún valor moral y  ético (...) es una muestra más de la persecución política que se ha adelantado  contra mí en los últimos 12 años", aseguró la congresista en un comunicado.

La resolución contra la legisladora puede ser apelada y aún está pendiente  de ratificación por parte de una instancia superior.

Según un comunicado, la Procuraduría, "logró establecer que en el cruce de  documentos entre el grupo guerrillero y la senadora, la parlamentaria se  extralimitó en sus funciones así como en la autorización dada por el Gobierno  para gestionar el intercambio humanitario" para la liberación de rehenes.

Además de acusarla de velar por los intereses del grupo subversivo, con  arengas y declaraciones públicas, la Procuraduría dijo que la congresista  "instruyó y solicitó a las FARC que suministraran pruebas de vida de  secuestrados con el fin de favorecer a gobiernos de otros países".

Córdoba, senadora por el Partido Liberal, agregó que miembros de la  Procuraduría le han manifestado "en secreto" "que no hay prueba fáctica ni en  derecho y estos se han visto presionados para actuar en contra de su propia  conciencia contra mí".

En agosto de 2007, el ex presidente Alvaro Uribe nombró a la senadora y al  mandatario venezolano Hugo Chávez como mediadores para un posible canje  humanitario de rehenes de las FARC por guerrilleros presos. Sin embargo, el  propio gobernante colombiano puso fin a esa mediación meses más tarde.

La investigación a Córdoba se basó en documentos hallados en un computador  del ex jefe guerrillero Raúl Reyes, abatido en un ataque de las fuerzas  militares colombianas a su campamento en territorio ecuatoriano en 2008.