Aristóteles rechaza indemnizar magistrados

GUADALAJARA, JALISCO (03/OCT/2014).- Si la decisión de indemnizar a magistrados y consejeros electorales recayera únicamente en el Gobierno del Estado, éstos no obtendrían “un solo peso” más de los que ya han desquitado en sus actividades laborales cotidianas, advirtió el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval.

No obstante, recuerda que la determinación final de un pago por concluir su periodo de servicio está no sólo en manos del Ejecutivo, sino de “varios Poderes”.

“Si fuera por el gobernador, yo no les daba nada. (Pero) ahora hay que esperar y atender la ley como es”, dijo minutos después de recorrer escuelas de la Colonia Rinconada de San Andrés, que resultaron dañadas por la tormenta de la madrugada del martes.

Se le cuestionó si, dada su rotunda negativa, instruiría eventualmente a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf) a autorizar el pago por 44 millones de pesos a cinco magistrados que argumentan “despido injustificado”, y de 16.5 millones más para consejeros (aunque en realidad se trata de la Reforma Electoral y el hecho de que ésta no estipula indemnizaciones).

El mandatario estatal respondió: “El Ejecutivo solamente validará lo que está en la ley, ni un peso más. Y, repito: si fuera (sólo) por el gobernador, no les daría ni un peso”.

Expuso que, independientemente del desarrollo en la argumentación, no permitirá que alguien se “enriquezca” con los recursos del Estado.

En la Reforma Electoral no se establecen recursos para destinar a indemnizaciones, ni para consejeros, ni para los magistrados que dejarán sus cargos. Sin embargo, los magistrados que buscan indemnizaciones millonarias lo califican como “despido injustificado”. Su argumentación es que fueron designados hasta mayo de 2016.

Ayer, el consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Enrique Andrade González, dijo que la facultad de indemnizar recae en cada Estado, por lo que el Congreso local debió incluir el pago en un artículo transitorio que así lo especificara. Si no sucedió, no hay obligación para pagaarles.

Ese panorama inconformó al magistrado electoral saliente, Antonio Corona Nakamura, quien ya advierte que “todo parece indicar” que no recibirán cantidad alguna. Los magistrados pidieron 44 millones de pesos para pagarse los sueldos correspondientes por los 20 meses que les restan para concluir su periodo.

Tres expertos consultados por este diario coincidieron en que, al no estar estipulada la indemnización en los nuevos estatutos, autorizar el pago que demandan ex funcionarios sería un acto ilegal. Tabasco es un Estado ejemplo en este sentido: los magistrados presentaron una controversia constitucional ante la Suprema Corte para seguir en el cargo, pero ésta resultó improcedente.