GUADALAJARA, JALISCO (24/AGO/2017).- Por unanimidad, el pleno del Congreso aprobó reforma para regular la asignación de escoltas oficiales. Con la medida se establece que únicamente se podrá disponer de los servicios de custodia o escolta por personal certificado para la función y por el tiempo y condiciones que determine un dictamen técnico que deberá aprobar el Consejo Estatal de Seguridad Pública. Además, se crea el Servicio de Protección Estatal, como área técnica que certificará a los custodios.El diputado Augusto Valencia López, promotor de la reforma, detalló que son entre 500 y 700 los elementos de seguridad estatal destinados a trabajos de custodia. Explicó que el área que se crea también revisará en qué casos se podrá asignar escoltas a funcionarios o terceras personas que necesiten protección, a pesar de no estar en funciones relacionadas con seguridad.Se especifica que los elementos cumplirán sólo con labores de seguridad y no diligencias personales de los funcionarios. La violación de esa disposición será motivo de suspensión y hasta retiro de los custodios.Sobre la duración del servicio se detalla que en el caso que los ex gobernadores, podrán tenerlo hasta por seis años, luego concluir su administración. El fiscal general y secretario general por tres años después de dejar el cargo. El presidente del Supremo Tribunal hasta por dos años posteriores a su periodo. Para comisarios de seguridad municipales será por un periodo igual al tiempo que ocuparon el puesto.El nuevo servicio de protección estatal tendrá a su cargo la prestación de custodia, vigilancia seguridad de personas, bienes e instalaciones públicas. Elaborará un padrón de los elementos de seguridad asignados como escoltas, incluyendo a los prestadores de servicios de seguridad privada.A los servicios de seguridad privada se les obliga a certificar sus elementos, tener autorización del Consejo Estatal de Seguridad Pública y dar de alta a todo su personal en el padrón estatal de escoltas. El incumplimiento de las nuevas disposiciones se equipará como abuso de autoridad y se sancionará según lo dispuesto en la ley de responsabilidades de los servidores públicos.Con la reforma se modifican la ley de austeridad, el código penal y la ley del sistema de seguridad pública del estado. Entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, pero se da plazo de tres meses para hacer las adecuaciones en reglamentos y disposiciones administrativas.EL INFORMADOR / RODRIGO RIVAS
