Caso López Castro, entrampado por asuntos legales

GUADALAJARA, JALISCO (19/SEP/2013).- El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Clemente Castañeda, informó ante los líderes parlamentarios que el proceso legal que siguen por el caso López Castro está entrampado.

El legislador de Movimiento Ciudadano (MC), señaló que la Fiscalía General citó al apoderado legal de la Consultora López Castro y Compañía, empresa que fue contratada por la 58 Legislatura para que llevara a cabo asesorías en el pago de impuestos al Congreso.

De acuerdo con la información proporcionada por el presidente de la Junta de Coordinación, el apoderado legal de López Castro, Víctor Manuel Samaniego Martínez, no acudió al llamado de la Fiscalía.

El legislador de MC lamentó que ante la negativa de Samaniego Martínez de acudir a declarar, la Fiscalía detuvo el proceso argumentando que no citará a ningún otro involucrado hasta que el apoderado legal no exponga sus argumentos en torno a la contratación que hizo el Congreso a la Consultora y los servicios que prestó o que no prestó al Congreso.

"Lo que sucede es una evasiva para no citar a ex diputados y al ex secretario General de la pasada Legislatura. Con esta decisión se paraliza la denuncia que presentamos en contra de López Castro", dijo el legislador local.

Clemente Castañeda recordó que él solicitó que la Fiscalía General citara además de los responsables de la Consultora López Castro, a los diputados integrantes de la Comisión de Administración de la 58 Legislatura: del PRI, Jorge Arana; del PAN, Norma Angélica Aguirre; del Panal, Lorenzo Moccia; del PT, Alfredo Zárate y del PRD, Samuel Romero  y el ex secretario General, Alfredo Argüelles.

En tanto, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Enrique Velázquez, dio a conocer el Juzgado Segundo en materia Civil otorgó un amparo para evitar un embargo precautorio a la empresa López Castro, pero el juez pide a la Consultora una fianza de 59 millones de pesos, para hacer efectiva la fianza.

De acuerdo con el legislador del PRD, el plazo que el Juzgado otorgó a la empresa López Castro vence este sábado.
 
Los hechos
1.- A principios del año 2010 la consultora López Castro demandó al Congreso del Estado, reclamando el pago de 42 millones 386 mil 521 pesos, así como de los intereses moratorios por el 5% mensual, argumentando que  en marzo de 2009 la Comisión de Administración y el Secretario General, Alfredo Argüelles de la 58 Legislatura avalaron un contrato de prestación de servicios con la consultora López Castro, mismo que nunca se liquidó.

2.- El 14 de enero de 2010, el Congreso reconoció el adeudo con la Consultora, y el día 27 del mismo mes, la Dirección de Asuntos Jurídicos y Dictamen Legislativo confirmó el adeudo y expresó la imposibilidad de pago por ser cierre de administración, pero aseguró que sería liquidado con el Presupuesto que se aprobara para ese año.

3.- A través del juicio mercantil presentado por la consultora López Castro, fueron emplazados durante la 59 Legislatura: la Mesa Directiva, la Junta de Coordinación Política, la Comisión de Administración, el Director Jurídico y el Secretario General, todos por tener la representación legal del Congreso.

4.- Una vez emplazado el Congreso, comparecieron, el 19 de mayo de 2010, el primer Secretario General de la 59 Legislatura, Carlos Corona, los integrantes de la Comisión de Administración: Raúl Vargas, Omar Hernández, Enrique Aubry e Isaías Cortés, y los miembros de la Mesa Directiva del Congreso: el mismo Enrique Aubry, Patricia Retamoza y Gustavo Macías.

5.- Diputados de la 59 Legislatura presentaron recursos de apelación contra el auto que admitía la demanda, alegando que el proceso mercantil era improcedente y que la naturaleza del litigio era administrativa, por lo que sostuvieron que la instancia competente era el TAE.

6.- El 28 de mayo de 2010 la Mesa Directiva del Congreso solicitó al Tribunal Administrativo del Estado documentos para presentar una nueva demanda, mismas que le fueron entregadas el 1 de junio.

7.- Posteriormente, la Comisión de Administración y la Mesa Directiva contestaron la demanda y contra-demandan a la Consultora López Castro, pero el Secretario General y el Director Jurídico únicamente atendieron una parte de las demandas, por lo que presuntamente se evidencia una incongruencia y falta de coordinación en la estrategia jurídica del Congreso.

8.- El 22 de marzo de 2011 se firma un convenio judicial dando por terminado el juicio de manera voluntaria, actuando por parte del Congreso del Estado, la Mesa Directiva y la Comisión de Administración, cuyos presidentes eran Enrique Aubry y Raúl Vargas, respectivamente.
 Con este convenio renunciaron definitivamente a continuar la estrategia jurídica porque no esperaron a conocer el fallo definitivo que estaba por emitir el juez mercantil.

9.- Ante esta situación, se formularon diversos requerimientos para que el Congreso cumpliera con el convenio judicial ya elevado a sentencia. El Congreso argumentó no poder cumplir por falta de recursos, pero nunca cuestionó el mencionado convenio judicial que atentaba contras los intereses del Poder Legislativo.

10.- El 28 de octubre de 2011 se admite la demanda de amparo propuesta por la Consultora López Castro ante la imposibilidad de lograr que el juez mercantil realice el efectivo cumplimiento del convenio judicial.

11.- En enero del 2013, la fracción parlamentaria presenta una denuncia en contra de quienes resulten responsables por el presunto desfalco

12.- La semana pasada, un juzgado avaló la queja que interpuso el priista, Miguel Castro Reynoso, con lo que el Congreso ganaba tiempo para no pagar el adeudo a López Castro.