Certificarán sólo 66% de policías

GUADALAJARA, JALISCO (24/NOV/2012).- Se acabó y es oficial. La obligación legal por concluir con la depuración policial para el 3 de enero de 2013 no podrá ser cumplida por las instituciones de seguridad pública en Jalisco, así que no queda otra alternativa más que emitir una solicitud de prórroga que elaborará la próxima semana el Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP).

Como es un plazo estipulado en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), el destinatario final, explica el secretario ejecutivo del CESP, Ricardo Homero Salas Torres, debe ser el Congreso de la Unión para que modifique la legislación.

La proyección del Consejo, del cual depende el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, es que para la fecha fatal, 67% de los elementos en todo el Estado habrá sido examinado, no más, para el resto se necesita la ampliación del plazo.

El registro del universo total de agentes a evaluar en Jalisco ha venido siendo refinado, ahora se sabe que los de carácter operativo y obligados al proceso, tanto en instituciones del Estado y los municipios, como en el Ministerio Público, es de 18 mil 500; de éstos, por tanto, estarán examinados en enero, 12 mil 500.

La Ley General del SNSP establece que para el 3 de enero todos aquellos oficiales que no cuenten con un Certificado Único Policial, que los acredite aptos, tendrán que irse.

De esta manera, si no hay prórroga, Jalisco perdería, de un día a otro, además de a los elementos que han reprobado (cuatro mil 375), a los que están pendientes de ser evaluados (seis mil), es decir, que su estado de fuerza se reduciría casi a la mitad, expulsando a 44% (10 mil 375) de sus oficiales, lo que lo dejaría con sólo ocho mil 125 para las tareas de seguridad en toda la Entidad.

En riesgo está la capacidad de velar por la sociedad, pero también los derechos de los oficiales que, sin haber sido evaluados, tendrían que salir de la corporación forzosamente.

“No tenemos otra opción (a la ampliación del plazo), tenemos que buscar cómo proteger a aquellos elementos que, por razones operativas, no hemos terminado de evaluar”.

“Estamos buscando que se dé una prórroga que, al parecer, hay ya algunas peticiones ante el Congreso por parte de presidentes municipales, gobernadores y, obviamente, nosotros nos vamos a sumar ahí, para que nos permitan la conclusión de las pruebas de los elementos que todavía no tengan un certificado o una decisión final”, explicó Salas Torres.

La prórroga, finalmente, podría ser de seis meses o un año.