Controversia contra bodas gay es discriminar desde política: Cepad

GUADALAJARA, JALISCO.- La controversia constitucional que presentó el Gobernador Emilio González Márquez contra las reformas que permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo en la Ciudad de México, es discriminación desde el poder político.

Así lo afirma el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) en un comunicado, en el que aseguran que los recursos interpuestos por cinco estados contra la reforma del DF, son prueba suficiente para presentar una inconformidad ante el Consejo Nacional para Preverenir y Eliminar la Discriminación, y buscar la reparación.

“Lo más grave son los argumentos que expresa Emilio González en la demanda, al destacar por ejemplo su temor a la aplicación de la ley en este territorio, con lo que se busca evitar que personas del mismo sexo contraigan matrimonio y luego adquieran derechos, o que sólo existen en Jalisco familias nucleares, para rematar con que las uniones entre personas del mismo sexo obedecen a intereses particulares y no públicos, aunque estos últimos hayan sido dictados bajo una moral individual y no social que son las que exige el derecho; porque pudiéramos llegar al grado como dice Efraín González Morfín, hasta de penalizar los ‘malos pensamientos’”.

Cabe resaltar que la SCJN ya rechazó los recursos de Morelos, Guanajuato y Tlaxcala, por considerar las solicitudes “notoriamente improcedentes”. Falta por resolver otros recursos jurídicos de Jalisco y Sonora.  

La Cepad plantea tres argumentos principales para etiquetar de “absurdo” el recurso de inconstitucionalidad, ya que es contrario a los avances internacionales en torno a los derechos sexuales.

“Cuando se habla de un Estado de Derecho, de acuerdo a lo que ha definido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se refiere a conducirse de tal forma que se respete y garantice el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos sin discriminación alguna. Por tanto uno de sus elementos es precisamente la igualdad de derechos de sus integrantes, que es lo que busca una reforma de ese tipo sin tomar otra consideración que el propio equilibrio social”.

Para el segundo punto citan al jurista italiano Luigi Ferrajoli, quien argumentó la semana pasada en una entrevista con Carmen Aristequi, que “no es el consenso de la mayoría el que legitima los derechos fundamentales. Son legítimos porque garantizan igualdad. No importa que sean contramayoritarios si cumplen con esa función”.

Y finalmente, la controversia constitucional (considerada en el artículo 105 fracción I de la Constitución) es una acción que se presenta por un agravio en contra de una entidad federativa y busca poner en el debate judicial disposiciones que presuntamente contravienen la constitución o el federalismo, por lo que especialistas consideran que también es un mecanismo para defender la garantía de los derechos humanos. “Por su importancia, no debió de interponerse sin reconocer la diversidad propia de Jalisco, aspecto que sí se realizó en el Distrito Federal”.

EL INFORMADOR / ALEJANDRA GUILLÉN