Denuncian insensibilidad de autoridades

GUADALAJARA, JALISCO (17/AGO/2013).- Las familias de los cuatro laguenses encontrados muertos y entregados incinerados por la Fiscalía General del Estado, provocó indignación y reclamaron precisamente eso: un trato digno y respeto. A través de un comunicado, los familiares de las víctimas indican que la fiscal de Derechos Humanos de la institución, Lizzeth Hernández Navarro se presentó en el municipio sin ningún protocolo e hizo entrega “de lo que dijo ser restos de nuestros familiares desaparecidos”.

Los dolientes afirman que en ningún momento han tenido a la vista el expediente de la investigación. “Nos causa agravio la forma en que personal de la Fiscalía se ha conducido (…) obligándonos a firmar documentos en el escenario de vulnerabilidad en que nos colocaron”.

Por lo anterior exigieron a la Fiscalía pleno acceso a expedientes, derecho a una opinión experta independiente para los exámenes de ADN, y garantía de su seguridad e integridad física, “así como la de nuestros defensores y acompañantes”.

La versión es confirmada por el Ayuntamiento laguense, ya que las siete familias de los jóvenes desaparecidos no han recibido ningún tipo de información sobre los avances en la investigación, de acuerdo con el coordinador de Comunicación Social del Ayuntamiento alteño, Ángel Pérez Romero.

Nulo contacto

De hecho, Pérez Romero dijo que el único contacto que tuvo la Fiscalía con los familiares fue cuando entregaron los restos de Daniel Armando Espinoza Hernández, José Gerardo Aguilar Martínez, Marco Antonio Ramírez Cárdenas, y Rodrigo Espinosa Aguayo, cuatro de los siete desaparecidos la madrugada del 7 de julio.

Admitió que ni siquiera el Gobierno de Lagos de Moreno ha sido solicitado para cooperar con la investigación de la Fiscalía. El funcionario local quedó a cargo de la atención a las víctimas por su cercanía con ellas, ya que son conocidos de años anteriores.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado asegura que atendió en todo momento a deudos de víctimas en Lagos y que, en atención a ello, siempre han sido informados del avance de las investigaciones.

El jueves, confirmó la dependencia, sí se les notificó que los restos que previamente encontraron en la localidad correspondían a sus familiares, pero que esto se hizo en total respeto y con la cautela que el caso amerita.

La Fiscalía especializada en Derechos Humanos (habilitada desde marzo pasado) que encabeza Lizzeth del Carmen Hernández Navarro, aseguró que no hay “nada de cierto” en la aseveración “expuesta en ciertos medios” de que el jueves el personal de investigación tocó a la puerta de los deudos, para entregarles los restos de sus familiares sin notificación previa, “no fue de repente el contacto (…) Fue privada, a puerta cerrada, con personal capacitado para estar al pendiente de cualquier situación necesaria”.

Refirió que han sostenido un diálogo estrecho con el resto de las familias laguenses que reportaron la desaparición de Ángel de Jesús Rodríguez Hernández, Eduardo Isaías Ramírez, y Christian Fabián Ávila Cardona. “Se les explicó que se siguen practicando exámenes exhaustivos de ADN a los restos encontrados para corroborar si pertenecen a sus parientes, y se les dijo por qué podrían llevar por otro tiempo (confirmar identidades)”.

Los sellos en urnas, responsabilidad del IJCF

La idea de colocar los sellos en las urnas que entregó la Fiscalía a los dolientes nunca tuvo la intención de ofender; mucho menos de buscar bonos de imagen para la administración estatal en curso, aseguró el titular del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), Marco Antonio Cuevas Contreras, y asume “toda la responsabilidad” en el tema, pues la decisión de colocar los sellos oficiales fue suya. Sin embargo, refiere que la intención fue dar un mensaje de apoyo gubernamental a los familiares de las víctimas; nunca una firma asistencialista.

“La verdad pensé que ese efecto podría tener: un mensaje de un Gobierno que está presente, que los entiende, que se compromete, que va con ellos, que los arropa y que se obliga a dar un resultado en la investigación”.

CRÓNICA

El miedo llegó a Lagos

David Muñoz tiene 52 años viviendo de la muerte. Es dueño de la funeraria Muñoz de Lagos de Moreno; sin embargo, después de decenas de llantos, cofres y tumbas atendidas durante toda su vida, asegura que el cortejo fúnebre que lleva los restos de Daniel, Gerardo, Rodrigo y Marco Antonio, es diferente. “Aquí hay frustración y miedo, la ciudad ahora es violenta”.

David llevó los restos de los cuatro jóvenes que fueron supuestamente “levantados” el 7 de julio pasado; por ello no cobró nada, y condujo la camioneta fúnebre a la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, donde se celebró una misa para los fallecidos.

Minutos antes de que llegaran los dolientes, las afueras del templo eran resguardadas por tres policías federales. Causaban cierta extrañeza entre los transeúntes que veían de arriba abajo la investidura de los agentes.

A lado de la Parroquia, una muchacha trapeaba el piso de un café. Prefiere no dar su nombre, se ríe de nervios, hasta que llega el tema que conmueve a todo Lagos de Moreno. Sólo mencionar la misa de las 12:00 horas provoca que su semblante se haga sombrío, la sonrisa desaparece y sólo asiente para demostrar que está enterada del caso.

Ya en la misa, David Muñoz, llegó al atrio donde yacían los cuatro cofres, dejó una fotografía y salió por una puerta alterna. Ahí platica, y con base en su experiencia con la muerte no puede más que explicar: “Es un cúmulo de emociones de tristeza, coraje, frustración y dolor porque las familias no pueden hacer nada. Conmociona porque Lagos de Moreno no vivía un tiempo tan violento como el que se vive actualmente”.

Narra que la frustración por las acciones de las autoridades hace del dolor, un asunto flagelante; a pesar de eso, celebra, dentro del luto la unión del pueblo. Un pueblo a la vez temeroso “ya no puedes salir a ninguna hora a la calle sin ese temor de que te pase lo mismo. Si lo hicieron con uno lo pueden hacer con otro”.

Trato de la fiscalía, “inhumano”

Esperaban a sus hijos vivos y en la calle les entregaron sus cenizas en una urna con el logo del Gobierno de Jalisco, esto es “inhumano” e “insensible” califica el académico y director de la Preparatoria Regional de la Universidad de Guadalajara, Roberto Castelán Rueda; quien reprueba la atención que ha brindado la Fiscalía General del Estado a las víctimas del fallecimiento de cuatro de los siete desaparecidos en Lagos de Moreno.

Traduce su señalamiento a los hechos de que las hicieran firmar actas de defunción que pudieran ser apócrifas, redactadas a mano, e hicieron que las firmaran en la calle. Y, además, no dicen la causa de la muerte.

“Ha dejado mucho qué desear y ha dejado más dudas que certezas ante los padres de familia”. Parte de esto lo ha provocado la falta de acceso de las víctimas a los expedientes de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía.

Castelán Rueda asegura que el organismo ha rechazado la intervención del delegado de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Lagos de Moreno. Respecto al Ayuntamiento, indica que debió hacer un trabajo más sensible: “A las familias no les sirve de anda que les pongan psicólogos. El Ayuntamiento debe cooperar con la Fiscalía”.

El también doctor en Historia por la Universidad de París explica que la inseguridad ha subido en el municipio a partir de la presidencia municipal de Francisco Torres Marmolejo (2007-2009).