Devastan cerro en Chapala por casinos

GUADALAJARA, JALISCO (07/MAR/2012).- El Ayuntamiento de Chapala acepta que hay una cadena de omisiones y complicidades de diferentes dependencias públicas en la irregular y riesgosa urbanización del cerro El Travesaño. La decisión tomada por las autoridades fue “regularizar”: partir de lo que planean los desarrolladores inmobiliarios para modificar los ordenamientos, y no al revés: autorizar desarrollos con base en la información territorial y la normatividad ambiental.

En dicho cerro, ubicado en la delegación San Antonio Tlayacapan, los desarrolladores inmobiliarios son los que deciden el manejo del territorio, y las autoridades de los tres niveles han modificado los ordenamientos urbanos y de planeación territorial con base en lo que otros gobiernos u otras dependencias autorizaron de manera irregular.Actualmente hay cuatro proyectos inmobiliarios a desarrollarse en más de 100 hectáreas de la sierra, a pesar de los riesgos que implica la posibilidad de aludes y movimientos tectónicos, e ignorando también que algunas áreas estaban clasificadas como de actividades silvestres y como prioritarias por las Unidades de Gestión Ambiental del Ordenamiento Ecológico Territorial.

Los proyectos en ciernes son el fraccionamiento y hotel Las Minas, los fraccionamientos Brisas y Palo Blanco, la segunda sección del coto Chula Vista Norte y Colinas del Lago de San Antonio, donde están programadas residencias campestres, hotel y casinos tipo Las Vegas. De hecho, se estima una inversión de más de 40 millones de dólares, con el nombre Lake Chapala Hotel and Casino Resort.

El arquitecto Fernando Rivas Villanueva, director de Planeación Urbana de Chapala, sostiene que al menos en Las Minas, Chula Vista (tanto en la primera sección que ya está construida y en la segunda sección que se halla suspendida) y Colinas del Lago de San Antonio, ocurrieron irregularidades al otorgar las autorizaciones municipales, algunas desde el año 1994 y que se han refrendado en administraciones posteriores.

Lo que falta es que los tres niveles de gobierno se vinculen para las autorizaciones, porque luego sucede como en Las Minas donde, con un permiso que otorgó la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para perforar un pozo, se permitió el movimiento de tierras, de manera que las procuradurías del Medio Ambiente estatal y federal no pudieron sancionar. “Esto es un círculo vicioso de autorizaciones a todos los niveles”, remata.