Diputados no se presionan para analizar iniciativas en seguridad

GUADALAJARA, JALISCO (04/FEB/2011).- Las reformas en materia de seguridad y justicia enviadas por el gobernador, Emilio González Márquez, se analizarán en el Congreso sin presiones ni prisas, advirtió el presidente de la Comisión de Justicia del Poder Legislativo, Luis Armando Córdova Díaz.

El priista advirtió que “se sigue en el análisis de las iniciativas porque se han encontrado inconsistencias”, y dijo que no tienen plazo para aprobar el paquete de iniciativas en general y en particular.

Ante ello, desdeñó el estatus de urgente en el exhorto que hizo el gobernador para aprobar la creación de la Ley de Extinción de Dominio y la Ley de Control de Confianza, debido a los hechos violentos que se han suscitado en la metrópoli durante los últimos días.

El diputado cuestionó los motivos que llevan al titular del Poder Ejecutivo a lanzar ese llamado para aprobar esas iniciativas a la brevedad. Aseveró que el hecho de que no se aprueben no significa que  la ola de inseguridad sea responsabilidad del Congreso.

“Las iniciativas están en análisis, hemos hecho un estudio responsable y hemos encontrado muchas inconsistencias. Me parece lamentable que en situaciones como las que suceden, como los bloqueos, se siga manejando que por esas iniciativas que están en revisión en un proceso legislativo no se avance con una planeación estratégica con inteligencia real y con una coordinación de los cuerpos de seguridad en el Estado”.

Córdova Díaz también criticó la solicitud de crédito que el gobernador pedirá al Congreso local por mil millones de pesos: “El acuerdo que se toma ayer (miércoles) de manera reactiva me suena a una situación de Estado. No quiero pensar que el próximo mes ocurre una situación similar y nos solicitan otros mil. Esos mil millones de pesos suenan a campaña, huelen de manera extraña”.

Dijo que la solución es convocar a “una gran alianza” en la que participen todos los actores sociales, políticos, económicos y académicos para tomar decisiones en la materia.

Esta versión dista de los acuerdos alcanzados este miércoles por los coordinadores parlamentarios con el gobernador del Estado en Casa Jalisco, en donde se pactó el compromiso de agilizar la aprobación de al menos dos de las 15 iniciativas en materia de seguridad enviadas por el mandatario. Las comisiones que deben dictaminar estas iniciativas son Puntos Constitucionales, Seguridad y Justicia.

Uno de los puntos que, a decir del legislador tricolor, resulta incongruente, es la intención del mandatario estatal de incluir a los magistrados, jueces, integrantes del Consejo de la Judicatura y del Instituto de Justicia Alternativa dentro de los sujetos a evaluar a través de la Ley de Control de Confianza.

Los diputados analizan la opción de que se establezca en la ley que sólo los jueces, magistrados y consejeros de nuevo ingreso sean sometidos a estudios patrimoniales, médicos, psicométricos, psicológicos, toxicológicos, poligráficos y de conocimiento.


La Ley de Control de Confianza del Estado de Jalisco y sus Municipios


El pasado 25 de marzo de 2009 llegó hasta el Congreso local la iniciativa firmada por el gobernador del Estado, Emilio González Márquez, que proponía la creación de esta nueva ley.

En la exposición de motivos, el mandatario refiere que el pasado 2 de enero de 2009 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que además crea el Consejo Nacional de Certificación y Acreditación que debe aplicar los controles de confianza en la Federación, estados y Distrito Federal.

Con esta nueva ley, el Estado pretende “desmembrar a las instituciones públicas de personal que no cumpla con las características requeridas para su cargo”.
Esta ley consta de 20 artículos y prevé la creación del Centro Estatal de Control de Confianza.

En el Capítulo I, se explica que se deberán realizar siete tipos de exámenes y serán iniciales, periódicos y extraordinarios. Los exámenes serán patrimoniales, médicos, psicométricos, sicológicos, toxicológicos, poligráficos y de conocimientos de sus funciones. En el artículo 6 se incluye —a diferencia de la ley federal— al Supremo Tribunal de Justicia, al Consejo de Judicatura y al Instituto de Justicia Alternativa, organismos pertenecientes al Poder Judicial.


TELÓN DE FONDO


Legislación federal


La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) vigente desde el año 2009, condiciona en todo el país el ingreso, permanencia y ascensión del personal en los cuerpos policiales y del Ministerio Público federal y estatal, con la aprobación de las pruebas de control de confianza.

Todos los elementos de estas instituciones en Jalisco (un universo de 24 mil 500 agentes de las Policías municipales, Ministerio Público y Policías estatal y vial, y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses) deben estar certificados con estas pruebas a más tardar en el año 2012, dice la ley, la cual, sin embargo, no considera a los integrantes del Poder Judicial, como sí lo hace la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo de Jalisco.

Si se parte de que cada una de estas pruebas contiene cinco componentes (toxicológico, sicológico, socioeconómico, médico y poligráfico), en Jalisco deberán realizarse en total 122 mil 500 exámenes por el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza. El último informe publicitado por el Consejo Estatal de Seguridad Pública de Jalisco, arroja que de este número total de exámenes se habían aplicado apenas 10 mil 500, es decir, 8.5 por ciento.

Esta ley del SNSP funge como la base jurídica para homologar la estructura y operación de las Policías en el país, profesionalizándolas (con evaluación y capacitación permanente), y define un servicio de carrera policial y otro de carrera ministerial y pericial para el Ministerio Público.


CELSO RODRÍGUEZ SEÑALA INCONGRUENCIA


Piden excluir al Poder Judicial de los controles de confianza


El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Celso Rodríguez González, consideró innecesario que los integrantes del Poder Judicial se sometan a la Ley de Control de Confianza propuesta por el Poder Ejecutivo de Jalisco.

“Respeto la propuesta del gobernador, pero esa reforma que está a nivel estatal fue una réplica de una que se hizo a nivel federal y nunca se tomaron en cuenta a jueces y magistrados; sólo a los mandos policíacos y ahora incluirlos es una cuestión que no es acorde a la reforma”.

El titular del Poder Judicial consideró que concretar esta reforma e incluir en controles de confianza a personal de este poder “no resolverá el problema de inseguridad”.

Rodríguez González refirió que se acercará con el gobernador para exponerle su punto de vista: “Lo que debemos hacer es un análisis de fondo y ver dónde podemos trabajar de manera conjunta para buscar la solución a los efectos negativos de las conductas de algunas personas”.

Celso Rodríguez dijo que si se incluye a un mando, deben incluir a todos: “Nosotros (los magistrados) tenemos la misma jerarquía que los diputados, ésa no es la solución”.

El presidente del Poder Judicial dijo que estaría dispuesto a analizar casos en particular de jueces o magistrados que no se conduzcan de manera adecuada.
“Estamos hablando de forma genérica y no nos conviene hacerlo, si los jueces han fallado, si tienen algún problema o si ha sido parte de problemas, debemos analizarlo”.


VIAJAN AL DISTRITO FEDERAL


Alcaldes firman convenio de Subsemun


Los ocho alcaldes metropolitanos viajaron ayer a la Ciudad de México para firmar el convenio del Subsidio de Seguridad Municipal (Subsemun), recurso exclusivo que ayudará a reforzar el equipamiento de las corporaciones policíacas de los municipios.

En general, municipios como Zapopan y Tonalá recibieron un incremento de alrededor de dos millones de pesos más de lo que accedieron el año pasado.

Miguel Castro Reynoso, presidente municipal de Tlaquepaque, informó que aunque se esperaban más recursos para su municipio, sólo obtuvieron 18 millones 427 mil 071 pesos, monto que supera lo ejercido en 2010.

El munícipe explicó a grandes rasgos que el recurso será utilizado para la construcción de la nueva base policial en Santa María de las Flores; compra de vehículos y sobre todo, capacitación de los elementos. A esta cantidad se sumará la aportación que el municipio destine para este programa.

Por su parte, el presidente municipal de Zapopan, Héctor Vielma Ordóñez, informó que la ex Villa Maicera recibirá 77 millones de pesos, que sumando con la aportación municipal, ascenderá a casi 100 millones de pesos.

El año pasado, Jalisco resultó ser la tercera Entidad más beneficiada al poder captar 266 millones 945 mil 082 pesos.

El recurso entregado a los municipios debe ser canalizado para el equipamiento y mobiliario de las direcciones de Seguridad Pública, la capacitación de sus elementos, pago de nómina y obras destinadas a la seguridad.


MARCO DEL TORO CARAZ


“El problema principal está en el Ministerio Público”


La principal deficiencia en el ámbito penal es la investigación de los delitos. La institución con mayor cantidad de errores y de corrupción es el Ministerio Público, opina Marco Antonio del Toro Caraz, quien ha sido defensor de Napoleón Gómez Urrutia, líder del Sindicato Minero Nacional.

Si lo anterior se combina con policías que no saben investigar, defensores de oficio poco preparados y áreas de peritos que “lamentablemente” usan pocas técnicas al rendir dictámenes, el resultado es de impunidad, asegura el abogado, para quien es “injusto” atribuirle a los jueces los problemas de impartición de justicia (el gobernador Emilio González Márquez declaró el miércoles pasado que las corporaciones policíacas detienen a los delincuentes y los jueces los sueltan).

Marco del Toro señala que la creación de la Ley de Control de Confianza no necesariamente “nos lleva a mejorar el sistema de justicia”, pues el problema radica en lo humano. Es decir, se requiere incorporar poco a poco personal con mayor capacidad técnica y para ello es necesario que haya mejores propuestas salariales, “porque están subpagados, además de que hay un terrible problema de corrupción que atacar”.

En su opinión, el Poder Judicial de la Federación es un ejemplo de “cómo se puede lograr un altísimo grado de confianza en los planos técnico y ético. El personal que ha capacitado y que está bien pagado ha dado la solución a buena parte de la problemática penal del país; ahí sí hay un avance positivo y es un modelo que debería copiarse a nivel estatal, donde sí es común que haya jueces corruptos, aunque hay muchos muy honestos”.

Por último, en relación con la afirmación de Emilio González Márquez de que los jueces son “corruptos”, el abogado resalta que “es mentira que (éstos) echen a los delincuentes a la calle. Lo que sí sucede es que el Ministerio Público integra mal las averiguaciones previas y entonces los jueces no tienen elementos para juzgar. Tan sólo por dar un ejemplo, cuando hay una investigación que inicia en la Procuraduría y se va ante el juez, el MP tiene la obligación de participar en el proceso como parte acusadora, y en mi carrera como abogado, nunca he visto que se presenten. Sinceramente, hacen un trabajo deplorable”.