El problema no es la Ley de Transparencia, son los sujetos obligados

GUADALAJARA, JALISCO (14/NOV/2010).- El problema no es el contenido de la Ley de Transparencia en Jalisco. El problema son los sujetos obligados cuando dejan de cumplir sus obligaciones como funcionarios públicos, apunta Graciela Bernal Loaiza, académica del Departamento de Estudios Socioculturales (DESO) del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente ( ITESO), así como miembro de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) Capítulo Jalisco.

En abril del año en curso la asociación se reunió con la Comisión de Participación Ciudadana del Congreso del Estado, a la cual le propuso reformas a la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco. Entre otros cambios que la AMEDI planteó a los diputados locales se encuentran modificar los plazos de revisión de los recursos, pasar de tres a cinco integrantes en el Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado (Itei) y que el cargo de consejero sea honorario, sin sueldo.

“En Jalisco, en materia de transparencia tenemos una buena ley que no debe cambiarse, pero es perfectible”.

La AMEDI pugna porque se garantice a los ciudadanos el acceso a la información pública que soliciten a las entidades públicas, como son los ayuntamientos, secretarías y comisiones, entre otros, que reciban o administren recursos públicos estatales.

Bernal Loaiza mencionó que, en  este sentido, “debe haber un trabajo limpio y comprometido por parte de todos, por ello, debemos informarnos”.

La académica expresó que los ciudadanos deben ejercer su derecho para estar informados, y que cuando se les niegue la información requieren cuentan con el recurso de revisión correspondiente para conocer por qué razón no se les otorgó lo que solicitaron.

Añadió que “no se vale que nos quedemos con la negativa; por eso existe el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, que nos puede apoyar con el proceso de revisión adecuado. Es cuestión de informarnos acerca de que tenemos el respaldo de un organismo público, ciudadano, que nos dará garantía de seguimiento a nuestra solicitud de información”.

En opinión de la catedrática universitaria, en México falta crear una cultura de acceso a la información, que ponga en sintonía a ciudadanos, entidades públicas y legisladores para que sepan que pedir y otorgar información son derechos públicos que no deben ser coartados.

En palabras de Bernal Loaiza, todo ciudadano debe saber que existe una Ley Federal de Protección de Datos Personales, que también ampara a los empleados de organismos públicos y privados, en caso de que un ciudadano solicite conocer datos que, según las normas y políticas, se consideren personales. Debido a que puede ser motivo de algún daño o perjuicio a una persona revelar esa información, ésta no se deberá proporcionar y le corresponderá al Instituto Federal de Acceso a la Información proteger los datos personales en posesión de empresas privadas.

Para la AMEDI, el derecho a la información y la libertad de expresión son fundamentales, pues van de la mano y cada ciudadano debe pugnar porque se le respeten. Pero esto “sólo se logra participando”.

La participación ciudadana es benéfica para cada ciudadano porque significa alentar a los gobernantes a transparentar el ejercicio del poder y la administración de los recursos públicos, que en opinión de la académica del DESO se está descuidando con una actitud pasiva, lo que debe ser parte del conocimiento social, como es en qué gasta los recursos el Gobierno.

Aunque ahora la ciudadanía es más participativa en ese aspecto, todavía hace falta más esfuerzo para reiterar “la necesidad que tenemos de estar  debidamente informados de todos los movimientos que los mandatarios hacen con la erogación de bienes públicos. Por más que la AMEDI o el Itei se preocupen porque se resguarde nuestro derecho a que se nos informe y a expresarnos libremente, es cada persona quien debe ocuparse de ejercerlos”.

FRASE

"Todo ciudadano debe saber que existe una Ley Federal de Protección de Datos Personales, que también ampara a los empleados de organismos públicos y privados". Graciela Bernal Loaiza, académica del ITESO y miembro de la AMEDI.

Iniciativas congeladas

Telón de fondo

Una decena de iniciativas se han turnado al Congreso del Estado desde 2005, con la intención de modificar la Ley de Transparencia. Sin embargo, los diputados no muestran interés en fortalecer y garantizar el acceso a la información. Este retroceso afecta a la competitividad de Jalisco, recalca Pablo Lemus Navarro, presidente de la Coparmex.

El sector patronal y académicos coinciden en que la Entidad debe mejorar integralmente en la rendición de cuentas. Por ello urgen a la modificación de la ley, “pero que las reformas no contravengan” la transparencia. Y es que en 2009, en la pasada Legislatura, las comisiones de Participación Ciudadana y Puntos Constitucionales estuvieron a punto de aprobar la ampliación del periodo para que los sujetos obligados entregaran información (que pasara de cinco a 15 días); sin embargo, lo que causó más molestia fue la intención de reservar los dictámenes del Legislativo y las cuentas públicas que dictamina la Auditoría Superior del Estado hasta que se aprobaran en el pleno.

Al final, los diputados frenaron esta reforma por el rechazo de empresarios y organizaciones civiles.

“Urgen los cambios porque estos temas: la transparencia, la seguridad y la reforma política, nos ayudan en materia de competitividad”, añade Pablo Lemus Navarro. “El sector empresarial aprueba que a los consejeros del Itei los elija un consejo ciudadano”.

Angélica Cázares Alvarado, investigadora de la UdeG, enfatiza que debe analizarse la temporalidad para la entrega de información de los sujetos obligados; también solicita el cumplimiento de la información obligada que debe publicarse en las páginas electrónicas de las instituciones públicas.
 
José Bautista Farías, académico del ITESO, lamenta que el Instituto de Transparencia (Itei) no realice estudios en la materia en los tres poderes del Estado. Y recuerda que éstos y los organismos públicos descentralizados retrocedieron en indicadores en transparencia en el último estudio del Centro de Investigación y Docencia Económica y de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública.

Para Aimé Figueroa Neri, investigadora de la UdeG, Jalisco debe mejorar en la materia, pues se encuentra a media tabla en el ámbito nacional.

Guillermo Muñoz Franco, presidente de la Comisión de Vinculación de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información, ha expresado la intención de fomentar en cada estado la creación de observatorios ciudadanos, con el propósito de evaluar permanentemente a los sujetos obligados.