Fallo judicial: por lo pronto, el transporte sigue en seis pesos

GUADALAJARA, JALISCO (14/SEP/2012).- Los recursos legales que el sector camionero ha impulsado para poder cobrar la nueva tarifa de siete pesos prosperan, pero con cuentagotas. Igual que le pasó al Frente Unido de Subrogatarios y Concesionarios del Transporte Público, la Alianza de Camioneros informó que no obtuvo respuesta positiva a un recurso de amparo sobre 20 casos, interpuesto ante el Quinto Juzgado de Distrito en materia administrativa, de modo que “seguimos cobrando seis pesos”.

En contraste, tres unidades de la ruta 647 del servicio subrogado ya obtuvieron una suspensión que les permite cobrar siete pesos, y son las únicas en esa situación. Sin embargo, se espera que ese número aumente conforme se emitan las resoluciones de otros 200 casos y continúen presentándose demandas de amparo, que podrían rondar las cuatro mil.

Gerardo Pérez, abogado del transportista de la ruta 647, Rosendo López, explicó que la suspensión que les concedieron tiene como efectos “paralizar y suspender los efectos de la resolución de la magistrada” Patricia Campos, de la Quinta Sala del Tribunal Administrativo del Estado (TAE), la funcionaria que el 31 de agosto dejó suspendido el aumento de la tarifa de seis a siete pesos. Eso significa, dijo el abogado, que a su defendido “no se le puede impedir que cobre la tarifa (de siete pesos), no le pueden detener sus unidades, no le pueden levantar infracciones y no le pueden revocar su permiso”.

Estimó que las unidades 1461 y 1990 de Rosendo López y una tercera, de otra subrogataria de la ruta 647, podrían cobrar siete pesos desde la próxima semana; no lo han hecho aún porque no han recogido la copia de la suspensión.

Por su parte, el abogado de la Alianza de Camioneros, Carlos García del Toro, consideró que obtuvieron una suspensión parcial; “es la mitad, prácticamente, de lo que estamos solicitando”. El Juzgado Quinto respondió a 20 recursos; sin embargo, esperarán la resolución de otros amparos.

Anunció que presentarán denuncias penales de responsabilidad civil por el daño patrimonial, pedirán juicio político contra la magistrada Campos e interpondrán un recurso de reclamación en el TAE.