GUADALAJARA, JALISCO (12/OCT/2016).- La Fiscalía General del Estado inició ya la investigación en contra del presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Luis Carlos Vega Pámanes, por el señalamiento de abuso de autoridad interpuesto por el comisario de Guadalajara, Salvador Caro, y la síndico, Ana Bárbara Casillas. Esto, después de darse a conocer en un medio local este miércoles un audio en el que Vega solicitó a Caro que liberara a dos personas armadas detenidas por su corporación el pasado 29 de julio, debido a que "el patrón" de éstas lo había pedido."Se ha abierto la investigación correspondiente con el número de carpeta NUC/D-I/44369/2016, se ha iniciado el proceso, el agente del Ministerio Público habrá de requerir a los denunciantes para que puedan acercar la prueba, en este caso el audio que fue dado a conocer por un medio de comunicación", declaró el fiscal General, Eduardo Almaguer.El fiscal precisó que el 3 de octubre Caro y Casillas presentaron la denuncia ante la PGR, sin embargo, ésta se declaró incompetente debido a que se trata de un delito del fuero común por lo que les envió un día después el expediente. El 5 de octubre el fiscal derivó el asunto al área de Visitaduría, la cual se encargará de establecer si hubo la comisión de un delito por parte del magistrado. De ser así, se fincarán responsabilidades, según la instrucción del gobernador, Aristóteles Sandoval.Almaguer aseveró que no habrá conflicto de intereses al abordar las indagatorias en el sentido de que tanto él como Vega Pámanes pertenecen a una misma corriente política. "Yo no formo parte de ninguna corriente política de la que él forme parte, yo no sé si él forma parte de una corriente política, yo no participo como es público, además la aplicación de la ley no observa corrientes políticas".El pasado 29 de julio, la Policía de Guadalajara detuvo a dos personas, Manuel y Emanuel "N", quienes son padre e hijo, quienes estaban armados afuera de un banco. La corporación los envió a la Fiscalía para indagar por una posible orden de aprehensión o antecedentes pero no había registro de ello por lo que se les derivó directamente a la Procuraduría General de la República, a quien compete el delito de portación de armas de uso exclusivo del Ejército, toda vez que las armas eran calibre 9 milímetros y 380.Esta dependencia les dio prisión preventiva y los vinculó a proceso un mes después, el 24 de agosto. Tres días después se determinó libertad bajo caución debido a que el delito no es grave, al primero con una multa de mil pesos y acudir a firmar mensualmente durante todo su proceso; y al segundo, con seis meses de prisión domiciliaria. La PGR negó que la libertad se hubiera dado a solicitud del magistrado. EL INFORMADOR / SERGIO BLANCO
