Fracasan operativos contra autopartes robadas

GUADALAJARA, JALISCO.- El Ayuntamiento de Guadalajara anunció hace un año la implementación de operativos en la calle 5 de febrero en el Barrio de Analco, para inhibir la venta de autopartes robadas en la zona.

No obstante el alcalde de Guadalajara, Alfonso Petersen Farah, reconoció ayer que las estrategias implementadas por el municipio, no han dado los resultados esperados.

El munícipe explicó que para erradicar la compra – venta de partes robadas, se han realizado supervisiones en la zona a través de la Dirección Inspección y Vigilancia, que han arrojado 75 infracciones y 12 clausuras en la calle 5 de febrero, así como 85 infracciones y 13 clausuras en la calle de Los Ángeles.

Las multas en su mayoría, responden a la ausencia de una licencia para operar y las clausuras a la reincidencia en esta misma falta administrativa.

A pesar de las sanciones, tanto la inseguridad como la venta de refacciones ilícitas persisten en la zona, por lo que ahora el Ayuntamiento estudia la posibilidad de efectuar un censo que corrobore el origen de las mercancías que expenden los establecimientos.

“Ahora lo que estamos revisando es que el tipo de producto que están expendiendo, corresponda con la licencia que tienen autorizada”, señaló el munícipe.

Este censo que será llevado a cabo por la Dirección de Padrón y Licencias, estaría terminado la próxima semana y ofrecería al municipio, una mapa global de los comercios, los giros, el tipo de licencia y los productos que expende cada establecimiento.

Petersen Farah explicó que para mejorar la convivencia social, se construyó la Plazoleta 5 de febrero (antes glorieta del soldado) en la que el Ayuntamiento tapatío invirtió tres millones 350 mil 264 pesos.

Aseguró que mediante el diálogo con comerciantes, se han liberado espacios públicos como las banquetas para garantizar el libre flujo de los peatones. Además indicó que de forma permanente se realizan patrullajes dirigidos en el lugar, con la intención de inhibir actividades ilícitas.

Fuera de estas acciones, el primer edil tapatío señaló que el Gobierno municipal no tiene facultades para llevar a cabo acciones más contundentes, ya que la instancia que debe investigar y hacer decomisos es la Procuraduría General de la República (PGR).

“Nosotros no tenemos ninguna posibilidad de actuar, en torno precisamente a este problema, esto es parte de lo que le corresponde a la policía investigadora y nosotros no tenemos facultades jurídicas investigación, eso le corresponde directamente a las procuradurías”.

EL INFORMADOR / Gilberto Franco /