Jueves, 16 de Octubre 2025
Jalisco | La declaración del alcalde, Enrique Alfaro, no ha sido publicada

Funcionarios tapatíos publican sus declaraciones patrimoniales

Los hallazgos revelan los posibles conflictos de interés de los gobernantes municipales, hasta el nivel de director

Por: EL INFORMADOR

El regidor Juan Francisco Ramírez es uno de los que han cumplido con esta promesa. FACEBOOK / Juan Francisco Ramírez Salcido

El regidor Juan Francisco Ramírez es uno de los que han cumplido con esta promesa. FACEBOOK / Juan Francisco Ramírez Salcido

 GUADALAJARA, JALISCO (02/NOV/2015).- Desde el sábado por la noche, el Ayuntamiento de Guadalajara ha comenzado a publicar los #3de3 de los funcionarios de primer nivel y hasta nivel directivo de la comuna tapatía.

 Hasta este lunes por la mañana se han publicado las declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses de 56 funcionarios públicos y dos regidores del Ayuntamiento que preside Enrique Alfaro Ramírez.

 Los dos regidores que han cumplido con esta promesa de campaña son de Movimiento Ciudadano, pero ninguno de ellos es la declaración del alcalde sino de María Teresa Corona Marseille y Juan Francisco Ramírez Salcido.

 Entre los hallazgos que se han visto en las declaraciones hasta entonces publicadas destaca la fortuna del Secretario General del Ayuntamiento, Enrique Ibarra Pedroza. Con una experiencia de más de 30 años en la política, da a conocer que tiene dos predios a su nombre en su natal Tototlán, Jalisco. Se trata de una casa de 180 metros cuadrados con valor de un millón y medio de pesos y un terreno urbano de 6.6 hectáreas con valor catastral de 12 millones de pesos.

 A estos predios se añaden 13 casas que están a nombre de su esposa, Celia Guadalupe Gallo Pérez, quien se desempeñó como directora del DIF Tlajomulco durante la administración de Ismael del Toro. Siete de estas casas se encuentran en la zona metropolitana de Guadalajara y fueron adquiridos por medio de una donación en 2006, año en que su conyugue Ibarra Pedroza fue candidato a gobernador por el Partido de la Revolución Democrática.

 Además de esto, Ibarra Pedroza declara una biblioteca con un valor económico de dos millones y medio de pesos, obras de arte por 365 mil y joyas y menaje de casa por medio millón de pesos más.

 Otro funcionario que destaca por la cantidad de dinero que maneja personal y públicamente es el tesorero Juan Partida Morales. El funcionario declara ingresos anuales por dos millones 770 mil pesos, producto de su cargo como funcionario pero también como titular de empresas, además de los rendimientos financieros que le ocasionan sus inversiones.

 Tiene dos casas en Jalisco, que en suma costaron más de siete millones de pesos. Pero además su esposa, quien fuera directora de Relaciones Públicas en el gobierno zapopano de Héctor Robles, tiene una casa más en la Ciudad de México.
 
Partida Morales es socio mayoritario, con el 85% de las acciones, de la empresa Grupo XMKP S.A. de C.V., una empresa de servicios automotrices con domicilio fiscal en Zapopan.

 Ignacio Lapuente Rodarte es el contralor tapatío, cuyo nombramiento fue criticado por los regidores de oposición por la falta de credenciales académicas y sus vínculos al sector inmobiliario. Y su declaración de intereses así lo concluye: tiene acciones en dos empresas G´NCO S.A. de C.V. y Lapyco S.A. de C.V. además de que dos de sus hijos son constructores.

 Una propuesta "de buenas intenciones"


 Aunque es una obligación de los servidores públicos presentar las declaraciones patrimoniales ante el Congreso del Estado, la publicación de estos documentos no es obligatoria por el riesgo que encierra para algunos funcionarios. De ahí la "buena intención" de los gobernantes que impulsan este tipo de mecanismos para la transparencia y rendición de cuentas.

 En las pasadas elecciones, la organización Transparencia Mexicana propuso que todos los candidatos presentaran su #3de3: su declaración patrimonial, su declaración fiscal y su declaración de intereses. Con esto, se dijo en su momento, los ciudadanos podrían impulsar que no exista enriquecimiento ilícito ni toma de decisiones que beneficien a ciertos actores públicos o privados.

 Sin embargo, la propuesta no fue recogida en la nueva ley de Transparencia de Jalisco, votada el mes pasado en el Congreso local. En todo caso, se podría tratar de transparencia proactiva, pero la veracidad de los documentos no son materia de análisis del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco.

EL INFORMADOR / OMAR GARCÍA

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