Hacer lo que hay que hacer

La época de oro de la economía jalisciense suele asociarse con una conducción política que le dio al Estado tranquilidad y rumbo, después de un periodo revolucionario y post-revolucionario convulso.

La Guerra Cristera y el agrarismo habían dejado heridas profundas en el Estado y no fue hasta mediados de los años cuarenta cuando se retomó estabilidad y  productividad. Esta edad dorada, a la que Fernando M. González bautizó como la Pax Galliana, en referencia al gobernador González Gallo, se basó en dos cosas: un control político férreo, que fue posible gracias al corporativismo que comenzaba a dar frutos en todo el país, y una apertura del Gobierno a los sectores que antes era identificados como enemigos de la Revolución: los empresarios y la Iglesia Católica. González Gallo tomaba las decisiones importantes en compañía del cardenal y de los principales líderes empresariales y sociales. Esa costumbre se mantuvo durante toda la década de los cincuenta y sesenta con excelentes resultados.

Lo que no suele meterse en la ecuación es que estos son los años de gran crecimiento y estabilidad en el país, lo que posibilitó un desarrollo y una planeación que son difícilmente repetibles.

La estabilidad económica y la unidad de visión entre gobiernos y empresarios se rompió de manera dramática en los setenta y nunca se ha logrado restablecer. Pero la nostalgia por el modelo corporativo de los años dorados es hoy más un lastre que una posibilidad. El modelo suspirado implicaba un ejercicio de poder autoritario que es hoy, para bien, imposible. Implicaba también liderazgos muy claros y unívocos en el sector empresarial que no existen más. Hoy no se puede resolver en una mesa de tres, cinco o 10 personas el futuro de un Estado complejo, plural y vivo como el nuestro. No se trata de los defectos (tan conocidos) ni de las virtudes (tan cacareadas) de lo tapatíos, sino de una realidad política y económica radicalmente distintas.

Aumentar la competitividad del Estado requiere una serie de acciones concretas y precisas que tienen que ver más con infraestructura y simplificación reglamentaria, que con grandes aparatos políticos. Estas obras y reglamentos no han podido concretarse por problemas de visión (hay gobernantes que simplemente no las ven), de conducción (gobernantes que sí las ven, pero no tienen claro cómo y por dónde) y por mezquindad profesional (políticos, empresarios y medios que hemos favorecido, por conveniencia propia, la no toma de decisiones). El problema de la falta de competitividad no es que nos gane tal o cual ciudad --siempre tendremos argumentos igualmente inútiles para flagelarnos o para pavonearnos--, sino la cantidad de empresas que no crecen, la cantidad de familias que no tienen ingreso suficiente y la cantidad de oportunidades perdidas, por no hacer lo que hay que hacer.