La Profeco firmó su desalojo desde el 14 de mayo

GUADALAJARA, JALISCO (05/SEP/2012).- El Gobierno municipal de Guadalajara dio a conocer el convenio que suscribió con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en su delegación Jalisco, para dar por terminado de manera anticipada el contrato de comodato que mantenían sobre las oficinas del edificio de Marsella y Pedro Moreno, y las cuales están siendo exigidas de vuelta por la autoridad municipal para sus propias dependencias.

El comodato entre el Ayuntamiento de Guadalajara y la Profeco entró en vigencia el 17 de diciembre 2008, en él se establecía que la dependencia federal podría desarrollar sus tareas desde las instalaciones municipales por un periodo de cinco años.

El 14 de mayo de 2012, sin embargo, las mismas instituciones firmaron un nuevo convenio en el que acuerdan que la Profeco saldría para el 1 de septiembre del año en curso, lo que hasta el momento no ha sido cumplido por la instancia del Gobierno federal.

En la cláusula segunda se puede leer:

“De conformidad con lo establecido en la cláusula cuarta del contrato de comodato de fecha 17 de diciembre de 2008, donde se estableció que las partes podrían darlo por concluido mediante notificación por escrito con 30 días hábiles de anticipación, las partes acuerdan establecer como término para la desocupación definitiva e irrevocable del inmueble señalado en la cláusula anterior, el 1 de septiembre de 2012”.

En el mismo documento, la Profeco se comprometió, además, a entregar el inmueble sin ningún tipo de adeudo sobre los servicios públicos como agua, luz y teléfono.  De parte de la Profeco firmaron la coordinadora general de Administración, Tania Alejandra Rodríguez Ortiz; la directora general de Recursos Materiales y Servicios Generales, María Eugenia Morales Rodríguez; la delegada en Jalisco, Lilia Bejarano Cásarez, y la subprocuradura jurídica, Noreli Domínguez Acosta.

De parte del Ayuntamiento firma el presidente municipal, Francisco Ayón López y la titular de la Sindicatura, María de los Ángeles Arredondo Torres.    

EL INFORMADOR / LUIS HERRERA