Legislativo llama a fijar metas en búsqueda de personas

GUADALAJARA, JALISCO (23/SEP/2013).- El Gobierno de Jalisco, y en particular su Fiscalía General, deben trazar metas específicas y calendarizadas hacia el esclarecimiento de los casos de personas desaparecidas en el Estado, debido a su importancia, a la dimensión del rezago existente y como una vía para la rendición de cuentas hacia la sociedad.

El llamado es del legislador José Luis Munguía Cardona, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso de Jalisco, donde recientemente se tipificó el delito de desaparición forzada, es decir, cuando en el hecho se involucra a alguna autoridad o agente estatal, aunque puede haber otras causas distintas, como el conflicto entre grupos del crimen organizado y la trata de personas.

“Habrá que tener como tarea estar cuidando al Ejecutivo del Estado para ver de qué manera periódica ellos van estableciendo un calendario, que vaya demostrando a la sociedad que están actuando en la investigación de esos casos. Sabemos que la propia Fiscalía cuenta con investigadores, y habrá que ver con cuántos casos ya se metieron a investigar, cuántos casos nos pueden informar si tienen alguna identificación, y si de esos más de dos mil (según el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas) ya se resolvió al menos uno. Es información que lamentablemente no se ha dado a conocer, no quiero decir que ha sido por falta de relevancia que le hayan dado, pero nos lo dan a entender por la falta de información”.

Dicho registro oficial del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) identifica dos mil 230 desapariciones en Jalisco (cuarto lugar en el país), mientras que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), con su base propia, ha documentado por su parte 555 casos en el Estado.

En concordancia con lo señalado por el legislador, la CNDH tampoco ha podido conocer los avances que en esta materia han tenido las autoridades de Jalisco hacia la conclusión de los expedientes, y en cuántos hubo, en efecto, un involucramiento ilegal del Estado (desaparición forzada).

“Esta Comisión Nacional solamente cuenta con el dato estadístico global del número de desapariciones que proporcionó la autoridad de Jalisco, sin que se hubiere realizado un desglose que permitiera conocer si alguno de esos casos se encuentra esclarecido por la autoridad. Por cuanto hace a la responsabilidad de alguna autoridad en las desapariciones de personas en el Estado de Jalisco, el órgano de procuración de Justicia, emisor de la información, no proporcionó el desglose que permitiera conocer tales datos estadísticos”, responde el organismo al respecto.

El Gobierno de Jalisco cuenta ya con un Protocolo de Atención en Casos de Desaparición de Persona, y la Alerta Amber para menores de edad, sin embargo, ambos instrumentos están más orientados a la reacción inmediata ante un nuevo caso, pero no para la resolución de los registrados en años anteriores tanto por el SNSP como por la CNDH.

Por eso el presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil insiste en la necesidad de fijar y transparentar metas puntuales, “de manera periódica, a tres meses o a corto plazo, para ver cuántos pudimos identificar que sean probables con el crimen organizado, y cuántos pudieran estar relacionados con otras situaciones, tenerlo clasificado, y que de esa manera también sea más fácil como sociedad prevenir. Si no prevenimos, esos más de dos mil casos van a ir aumentado”.

En contraparte a lo que sucede en Jalisco, a nivel federal la Procuraduría General de la República creó el 21 de junio pasado su Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas para esclarecer los casos existentes, y el 26 de agosto emitió las primeras recompensas para fortalecer su programa de localización, ofreciendo incentivos de hasta dos millones de pesos para aquellos que aporten información veraz y útil para dar con 14 personas.

Si no hay una actuación firme del Gobierno del Estado, prevé el legislador, está el riesgo de que en “la mayoría de los casos este tipo de hechos queden en una estadística o una cifra más”, a pesar de que “si hablamos de una cifra de más de dos mil casos, hablamos de la incertidumbre de más de dos mil familias que desconocen la ubicación de estas personas”.

De parte del Poder Legislativo, expone el presidente de la Comisión de Justicia, Héctor Pizano Ramos, se están dando herramientas para la atención de esta problemática en Jalisco, primero con la tipificación citada de la desaparición forzada, y próximamente con Ley de Atención de Víctimas.

“Éste es el punto fundamental, porque tiene que ver con la declaración real del tipo de delito que se da, y la otra legislación que tiene que ver con la atención a las denominadas víctimas del delito, que creo que es, al final de cuentas, con lo que el Legislativo estaría cubriendo la parte importante sobre este grave suceso”.

PARANORAMA NACIONAL
Base de datos de desapariciones de la CNDH

En todo el país
AÑO        2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012        TOTAL

Casos        5,397    2,618    3,070    3,169    3,432    3,514    2,891    718        24,809

En el Estado de Jalisco

AÑO        2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011            TOTAL
Casos        54    61    52    53    65    68    202              555

Fuente: CNDH

TOP 10
Entidades federativas con más desaparecidos

Estado            Total

1. Guanajuato        9,146
2. México            2,915

3. Michoacán        2,703
4. Puebla            2,449

5. Coahuila            850
6. Yucatán            755

7. Tamaulipas        651
8. Jalisco             555

9. Chiapas            521
10. Tabasco        484

Fuente: CNDH

UN SEGUNDO CASO EN TLAQUEPAQUE
Primera desaparición forzada en Jalisco

“Mija, mejor ya vete de aquí, las personas que me tenían me iban a matar y se quedaron con las llaves de la casa, saca a mis hijas de ahí y váyanse de la casa, sólo déjame dinero porque no he comido nada”.

El hombre le habla a su mujer desde las celdas de la Policía de Villa Corona, no lo había visto ni escuchado desde hacía tres días, en su primera desaparición; ahora lo había encontrado, pero le alcanzaba para mirarle sólo las manos saliendo entre las rejas; detenido con otro individuo, esa advertencia fue lo último que habló con ella. Ese mismo día a finales de febrero de 2012, cerca de la medianoche, los policías que custodiaban a los dos retenidos salieron de los separos para que un grupo del crimen organizado entrara por ellos... en su segunda desaparición.

Al día siguiente ella volvió por él, pero le dijeron que ya no estaba, que lo habían dejado en libertad un día antes por la noche. A partir de entonces no supo más. Nadie le dijo, por supuesto, que el mismo presidente municipal había dado la orden a sus elementos de salir de esa manera de la comandancia y esperar pacientes en la plaza municipal para cumplir lo pactado con el cártel.

El alcaide de los separos declararía esto: “Se comunicó vía telefónica el presidente municipal ordenando que arribarían los mañosos por los detenidos, que se los entregáramos, que ellos se los llevarían y que si más tarde preguntaban por los detenidos que les dijéramos a los familiares que se los habían llevado los judiciales, ordenándome que abriera las celdas y se salieran todos los policías de la comandancia y se fueran a la plaza, procediendo a informar a sus compañeros de turno que no llegaran a la comandancia diciéndoles lo que acababa de ordenar el presidente municipal, dirigiéndose mi compañero a abrir las celdas en donde se encontraban los detenidos, y en ese momento todos abandonamos la comandancia lo más pronto posible, observando cuando varios sujetos civiles portando armas de fuego entraron y se llevaron a los detenidos”.

Luego, en una narración más puntual del momento en que el grupo armado llegó a la comandancia por los detenidos, abonó: “Llegaron vehículos, entonces dichos sujetos se metieron a las celdas, las cuales estaban abiertas para sacar a los detenidos, cuando los sacaron de la comandancia uno de los detenidos se echó a correr hacia la comandancia y se metió de nueva cuenta a una celda, mientras que el otro detenido, el cual también corrió poquito, lo agarraron y lo subieron al vehículo, y los sujetos que los sacaron de las celdas se regresaron por el que corrió y se metió de nueva cuenta a las celdas, pero para eso nos regresamos a las celdas a ver qué había pasado con el otro detenido, entonces vimos que éste estaba en la celda y se le hincó a Pedro (otro policía) y le suplicó que lo ayudara a no entregarlo a esa gente, entonces Pedro le dijo que iban a ver qué podían hacer con él, entonces Pedro me dijo que pidiera ayuda al Ejército o a la Policía estatal, y yo le dije que no podíamos hacer nada porque era una orden del presidente municipal, entonces en ese rato el presidente habló al teléfono de la comandancia y yo le contesté, y le dije que uno de los detenidos se había regresado a la celda y el presidente municipal me dijo que nos retiráramos de la comandancia, y nos fuéramos a la plaza para que los sujetos pudieran sacar a dicho detenido”.

Uno de los vecinos del pueblo, quien sirvió como “halcón” o vigilante en la operación, encargado de verificar que los detenidos estuvieran ahí adentro, dijo durante la investigación: “Los policías municipales iban a hacer el paro para entregárselos sin hacerla de pedo, ya que los del Cártel de Jalisco Nueva Generación estaban apalabrados con el presidente municipal de Villa Corona y con su hijo”.

Los policías de Villa Corona recibieron luego del hecho otra advertencia: “El oficial mayor nos mandó a hablar a su oficina y nos dijo que teníamos que declarar que a los detenidos se los habían llevado los judiciales, que no aventáramos al presidente municipal, que si no, estábamos en peligro porque los del Cártel de Jalisco ya habían amenazado con matarnos”.

Los dos hombres que terminaron siendo entregados por el presidente municipal, habían sido localizados por la Policía de ese municipio al interior de una propiedad, escondidos, tras haber escapado de sus captores, que los habían privado de su libertad durante tres días. Un oficial describió ese momento:

“Se estaban tapando con una rama de guamúchil, y fue que les gritamos —bájense de ahí—, entonces uno de ellos nos dijo —gracias, ¿nos pueden ayudar?— y fue cuando ellos se bajaron de la barda, y les dijimos que —sí les vamos a ayudar, están en buenas manos—, entonces nos dijeron que los estaban buscando porque se habían escapado, ya que los tenían secuestrados y quienes los buscaban eran del Cártel de Jalisco Nueva Generación, ya que ellos eran del Cártel del Golfo, incluso uno de ellos traía un pedazo de soga de color amarillo en una muñeca de su mano y los dos no traían zapatos”.

La Fiscalía General dio con sus cuerpos el 22 de mayo de 2012, tres meses después. Los habían enterrado en un lugar conocido como “La Tabla”, en Cocula.

Enfrenta proceso

Ahora el ex presidente municipal, José de Jesús Ortiz Uribe, está siendo enjuiciado por secuestro agravado, pues la tipificación de la desaparición forzada es muy reciente (se aprobó el 18 de julio). Éste fue el primer caso de desaparición forzada documentado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), las declaraciones aquí citadas forman parte de su investigación para la recomendación 40/2012, y la del Ministerio Público.

Hay un segundo caso, cometido por policías de Tlaquepaque en septiembre de 2012, que dio lugar a la recomendación 27/2013, y en el cual elementos de esa corporación también entregaron uno de sus detenidos a un grupo de hombres armados y vestidos de civil, posteriormente también fue hallado sin vida.