GUADALAJARA, JALISCO (24/AGO/2017).- Un total de siete mil 600 servidores públicos estatales y municipales no cumplieron con la presentación de su declaración patrimonial anual. En sesión de la Comisión de Responsabilidades en el Congreso, se informó que los titulares de ayuntamientos y órganos autónomos ya fueron notificados para que emplacen a los funcionarios omisos, quienes en un plazo de quince días deben remitir sus declaraciones o de lo contrario se procederá a la sanción. La diputada panista Pilar Pérez Chavira, presidenta de Comisión, no precisó cuántos funcionarios han sido sancionados por no cumplir, en años anteriores, argumentó que la ley deja esa atribución a cada superior jerárquico.“Se está requiriendo por escrito mediante oficio a todos los titulares de ayuntamientos y de órganos autónomos para que a su vez hagan el requerimiento a los incumplidos para que en un plazo de 15 días estén presentando su declaración patrimonial, de no ser así entonces que procedan hacer la sanción correspondiente dado que es atribución del superior jerárquico aplicar la sanción respectiva”, expuso la legisladora.Pérez Chavira recordó que, como parte de las reformas de Sistema Estatal Anticorrupción, presentó iniciativa para que en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos se faculte al órgano técnico de la comisión a dar mayor seguimiento al cumplimiento de sanciones a los omisos y proceder contra el superior jerárquico que no las aplique. Adicionalmente se buscará depurar el padrón de funcionarios obligados entre los que están en activo y los dejaron el servicio público y no se les dio de baja por no remitir su declaración.Rechazan juicio político contra fiscalDiputados de la Comisión de Responsabilidades desecharon una denuncia de juicio político contra el fiscal Eduardo Almaguer Ramírez, presentada por representantes del ejido El Zapote luego del desalojo de una de sus manifestaciones. Los legisladores consideraron que no se aportaron elementos suficientes para sostener la petición. También se rechazó una solicitud en contra la presidenta municipal de Tlaquepaque María Elena Limón, porque no fue ratificada por el quejoso.EL INFORMADOR / RODRIGO RIVAS
