Mejor, soplar antes de salir del bar

GUADALAJARA , JALISCO (17/NOV/2013).- Jalisco es el décimo primer Estado del país con la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito más alta del país, con 18.7 muertes por cada 100 mil habitantes, superando la tasa nacional de 14.4, de acuerdo con los datos más actualizados y disponibles por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi, 2011), que ubica en los tres primeros lugares a Sinaloa (27 muertes por cada 100 mil habitantes), Nayarit (25.4) y Zacatecas (24.2), datos recogidos en el planteamiento del edil.

Sobre los casos de siniestros, en el Ayuntamiento de Guadalajara se trabaja desde octubre en una reforma para que en bares, restaurantes y antros, giros que venden bebidas alcohólicas, sea obligatorio instalar un aparato alcoholímetro para que los consumidores realicen una prueba y de esta manera puedan conocer su condición antes de abandonar el lugar.

En realidad, cualquier ayuntamiento de Jalisco puede regular y exigir a los giros con consumo de bebidas alcohólicas en su territorio que cuenten con estos aparatos, pues la legislación estatal citada, en su artículo 8, así los faculta, mientras que en su artículo 44 vuelve obligatorio para los titulares de las licencias “aplicar los programas de prevención de accidentes que sean aprobados por los ayuntamientos”.

Con esta medida, dice el regidor priista de Guadalajara promotor de la reforma, José Luis Ayala Cornejo, los ciudadanos estarían posibilitados para tomar una mejor decisión al momento de salir de uno de estos lugares, optando, quizá, por tomar un taxi, al saberse con certeza si están en condiciones o no de manejar su propio vehículo, y los riesgos que enfrentarían de hacerlo, no sólo de resultar accidentados, también de estar en los márgenes que ameritan una multa de casi 13 mil pesos, o pasar la noche arrestados por la autoridad estatal en La Curva.

“Dentro de los programas de prevención de accidentes debe incluirse el que estos tipos de giros cuenten con el aparato técnico de medición o alcoholímetro e implementarlo como control de salida, la idea es que se invite a los comensales para que, previo a su salida de los establecimientos, se realicen voluntariamente las pruebas y con ello inhiban y concienticen a los clientes que pretendan conducir vehículos motorizados en estado inconveniente, lo cual en la actualidad no es obligatorio para los establecimientos con venta y consumo de bebidas alcohólicas”.

Uno de cada cinco accidentados bebió en un giro

Más argumentos de la propuesta: “Los estudios realizados en diferentes ciudades  del país muestran que uno de cada cinco ingresos en las salas de urgencia por eventos traumáticos presenta alcohol en sangre, y que menos de uno de cada 10 corresponde a personas dependientes del alcohol, es decir, los restantes podrían ser incluidos en programas especiales de educación y reaprendizaje social”.

“Estos mismos estudios muestran que aproximadamente 20% de dichos ingresos correspondían a individuos que habían estado bebiendo en un establecimiento en donde se expenden bebidas alcohólicas, situación que ofrece la posibilidad de intervenir en los lugares en donde se origina el consumo”.

INEGI

Zonas urbanas y suburbanas

En el periodo 2006-2011 se presentaron 345 mil 170 siniestros de tránsito y alcohol en las zonas urbanas y suburbanas de Jalisco, según el Inegi, esto es, un promedio anual de 57 mil 528, teniendo en 2008 la mayor cantidad, con 60 mil 579, mientras que para 2011 fueron 54 mil 691.

''SALVAEBRIOS''

Ofrecen amparos

Apenas arrancó el operativo “Salvando Vidas” y ya hay quienes ofrecen eludir la responsabilidad por manejar ebrio. En Facebook, en el apartado del perfil Alcoholimetro GDL–Amparo afirma: A pesar de la campaña mediática en torno a los operativos de alcoholímetros, dichos procedimientos son susceptibles de combatirse jurídicamente ya que son notablemente violatorios de derechos fundamentales. Este medio publicó ayer que de acuerdo con el titular de la Secretaría de Movilidad, Mauricio Gudiño Coronado, las reformas federales en materia de amparo impiden que ciudadanos hagan uso de este derecho en programas de prevención de violencia, en este caso, ocasionados por el alcoholismo o el uso de sustancias ilegales.