Ministerio Público duplicará su eficiencia en aprehensiones

GUADALAJARA, JALISCO (04/DIC/2013).- La modernización del sistema de justicia penal en Jalisco para adoptar el modelo acusatorio y oral impactará profundamente la operación de la Fiscalía General, que verá aumentados sus niveles de eficiencia en funciones como la persecución de los delitos y la captura de presuntos delincuentes, lo que a su vez, permitirá reducir la impunidad en el Estado.

Los estudios que se han desarrollado al respecto indican que si en el año 2012 la Fiscalía (entonces Procuraduría de Justicia) pudo ejecutar tan sólo una de cada tres órdenes de aprehensión giradas por jueces (35 de cada 100), para el año 2016, cuando la reforma debe estar implementada del todo, su eficiencia habrá escalado al doble hasta concretar siete de cada 10 de estas órdenes judiciales.

El actual modelo ha originado, por ejemplo, que la anterior administración estatal heredara 17 mil 373 capturas de individuos que fueron ordenadas por impartidores de justicia para someterlos a juicio, y que el Ministerio Público (MP) no tuvo la capacidad de rastrear y detener.

Estos análisis y proyecciones sobre el desempeño de la Fiscalía General se encuentran plasmados en el Plan Integral para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal en Jalisco, que fue avalado por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la adopción de la reforma (Setec), de la Secretaría de Gobernación.

Y no es que la Fiscalía realizará necesariamente más detenciones en términos absolutos, pues uno de los beneficios de la reforma, apunta el autor del Plan, Guillermo Zepeda Lecuona, es que le permitirá concentrar sus recursos humanos y operativos en la persecución de los delitos que más agravian a la sociedad, esto es, en los de alto impacto, como homicidio y secuestro, mientras que para los más simples se priorizarán los métodos de justicia conciliatoria y restaurativa.

En el Plan se estima que, de esta manera, la Fiscalía y el resto de los operadores del sistema podrán concentrarse en la captura de ese 5% de los delincuentes que son responsables de una gran parte de los delitos graves (a ese porcentaje mínimo de individuos se atribuye entre 55 y 60 de cada 100 delitos graves cometidos), como han confirmado criminólogos.

“Una pequeña porción de los delincuentes y una proporción minoritaria de los incidentes delictivos son los que más han contribuido a robarnos la tranquilidad y la seguridad a los jaliscienses. A estos delitos debemos dedicar la mayoría de los recursos humanos y materiales con los que contamos la sociedad y el Estado en Jalisco. Los delitos de alto impacto son los que más influyen en la percepción ciudadana de inseguridad y vulnerabilidad frente al crimen. Se trata de los delitos que más tememos y de los que nunca quisiéramos ser víctimas”, dice el Plan.

El sistema de justicia penal costó en 2012 en Jalisco cuatro mil 222 millones 806 mil 570 pesos, pero el actual modelo hace que las prisiones absorban uno de cada tres pesos, con la mayoría de los reclusos (seis de cada 10) aún sin sentencia y cuatro de cada 10 inocentes o encerrados por un delito menor. Por eso la reforma priorizará el uso de los métodos de justicia alternativa.

Proyectan juzgados para extinción de dominio

El proyecto de presupuesto del Poder Judicial que elaboró el Consejo de la Judicatura para el año 2014 prevé la creación que sigue pendiente de siete juzgados especializados en extinción de dominio y otros siete especializados en delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, ahora que éste ya es competencia de jueces locales.

La extinción de dominio es la figura creada para que los bienes y recursos que fueron usados para delinquir, o que son producto de delitos, pasen a manos del Estado, lo que es considerado fundamental para golpear las estructuras económicas de las organizaciones criminales.

Ante la inexistencia de estos juzgados especializados en Jalisco, las demandas de extinción de dominio del MP tendrían que llegar a un juez en materia civil; sin embargo, a pesar de que esta herramienta para el combate al crimen organizado está vigente desde 14 de agosto de 2011, nunca un agente ministerial del Estado la ha interpuesto hasta ahora.

Con respecto a los delitos de narcomenudeo, actualmente son resueltos por jueces penales, que en los primeros seis meses del año conocieron mil 176 expedientes.

El planteamiento del Consejo de la Judicatura también busca la creación de 16 nuevos juzgados en distintas materiasy siete de ejecución de penas.

Los juicios podrían demorar la mitad

Un efecto añadido de un sistema de justicia penal modernizado como el que persigue Jalisco es que los juicios, que promedian 180 días para su resolución en una primera instancia, deberán reducirse a más de la mitad para lograr la sentencia en tan sólo 80 días.

De acuerdo con el plan sobre la reforma en Jalisco, cuando el nuevo sistema esté consolidado hasta 95 de cada 100 casos podrán resolverse con métodos de justicia alternativa; sólo el resto llegaría en realidad a un juicio oral (en 2016 sólo 15 de cada 100 expedientes saldrán por la vía alternativa). Por eso el especialista Guillermo Zepeda Lecuona, autor del Plan, menciona que, paradójicamente, lo más raro en un sistema de juicios orales… es un juicio oral.

Esto también conducirá a un aligeramiento de la carga del Poder Judicial. El presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Luis Carlos Vega Pámanes, estima que los jueces penales en Jalisco pueden llegar a recibir hoy en día hasta dos mil casos por año; el nivel medio nacional, y recomendado por la Suprema Corte nacional, es de 500.

Piden 1,883 MDP; les ofrecen 1,005

Para el Poder Judicial de Jalisco es indispensable comenzar durante 2014 con las obras que soporten el tránsito al sistema de justicia oral, coinciden especialistas, el Congreso estatal y el mismo poder afectado, que está solicitando un aumento de casi 75% para su presupuesto respecto a los casi mil 100 millones de que dispuso en 2013.

La obligación de Jalisco es completar la transición para el 19 de junio de 2016, pero está entre los estados más rezagados del país.

Durante 2013, de cada 100 pesos de gasto público estatal, el Poder Judicial recibió un peso con 30 centavos (mil 069 millones 017 mil pesos); su presupuesto no es ni una quinta parte del de la vigorosa Fiscalía General (cinco mil 867 millones 939 mil 780 pesos), que es sólo una de las dependencias del Ejecutivo.

Ahora, el proyecto de presupuesto que elaboró el Consejo de la Judicatura para el siguiente año es de mil 883 millones 779 mil 759 pesos, y considera 436 millones 600 mil pesos para la puesta en marcha de la Red de Juzgados Orales en todo el Estado con 32 módulos, más otros cinco juzgados orales penales.

Se añaden 234 millones 366 mil 957 pesos para las 20 salas orales de la Ciudad Judicial (aunque éstas serán para material mercantil, civil y familiar, no penal).

Hay obstáculos que lo colocan al Estado en riesgo de incumplir. Primero, el veto del Ejecutivo al nuevo Código aprobado, para posponer su implementación hasta 2015, y ya no en 2014; en sólo año y medio no es factible concluir tal migración, advierte el especialista Guillermo Zepeda Lecuona, así que probablemente haya una solicitud de prórroga.

Segundo, el proyecto de presupuesto considera otorgarle al Judicial sólo mil 005 millones 389 mil 129 pesos; al ser menor, incluso, al de 2013, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Luis Carlos Vega, ha dicho que debe tratarse de un “error”.

SABER MÁS
Mudanza

El Poder Judicial busca la creación de un edificio “austero pero funcional” en el complejo penitenciario de Puente Grande (ahí están el Centro de Reinserción Social, el Centro de Reinserción Femenil y el Reclusorio Preventivo), con un diseño de ocho salas orales y opción de ampliar a cuatro más.

NUMERALIA
Los delitos que “nos roban la calma”

36% de los delitos que se cometen en Jalisco, según los registros del Ministerio Público, es considerado de alto impacto.

28,278 de éstos se cometen en promedio cada año: robos a transeúnte, a casa habitación, a banco, de vehículo y de carga pesada; lesiones dolosas; homicidio doloso; secuestro y violación, según un diagnóstico del periodo 2007 a 2011 incluido en el Plan Integral para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal en Jalisco.

33% eran los delitos de alto impacto en 2007: 24 mil 142 de un total de 73 mil 622 registrados ese año.

40% fueron en 2011: 35 mil 028 de 87 mil 377 registrados ese año.

4,647 internos por delitos del fuero común había en las cárceles de Jalisco en 1999.

13,496 son en 2013, el triple, lo cual evidencia que “las autoridades no han centrado sus esfuerzos en ese 5% de los delincuentes que nos han robado la calma”, advierte el Plan Integral.

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