Movimiento Ciudadano fija postura sobre detención de vecino de Tonalá

GUADALAJARA, JALISCO (27/MAR/2013).- Esta mañana, afuera de las oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR), ubicadas en Avenida  16 de Septiembre y Avenida La Paz, Salvador Zamora Zamora y Julio García Sánchez, diputados de Movimiento Ciudadano, se manifestaron en apoyo a los ciudadanos Omar Nava, Juan Carlos y Jesús Ruvalcaba, quienes por haberse manifestado en contra de la instalación arbitraria de las casetas de peaje en el tramo de la autopista Guadalajara-Zapotlanejo, se les dictó una orden de aprehensión.
 
A nombre de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, Zamora Zamora fijó el siguiente posicionamiento sobre la persecución a los activistas tonaltecas:
 
Los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) están dando una demostración de que están dispuestos a restaurar el viejo régimen de persecución, autoritarismo y opresión de los derechos más elementales de los ciudadanos.
 
Hace año y medio la concesionaria de la autopista Guadalajara-Zapotlanejo, Red Carretera de Occidente y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, instalaron de forma arbitraria e irracional dos casetas de peaje para acceder a diversas colonias de Tonalá que desde hace varios años están asentadas en la zona, como Paseo de la Cañada, El Moral y El Vado.
 
Esta imposición es una clara violación al artículo 11 de la Constitución Política Mexicana, que garantiza el derecho al libre tránsito de las personas. Además, constituye un atropello a la dignidad y derechos de cientos de familias tonaltecas, que a diario tienen la necesidad y el derecho incuestionable de trasladarse a la ciudad de Guadalajara, ya sea por razones de trabajo, educación, salud o recreación. Esta medida no sólo es violatoria de la Constitución, sino que está completamente alejada de la realidad y necesidades de los ciudadanos de la región.
 
Ante esa situación, cientos de afectados, defensores de derechos humanos y personas que se han solidarizado con los vecinos, realizaron diversas manifestaciones públicas y pacíficas para hacer un llamado a las autoridades y levantar las casetas de peaje. En uno de los actos de protesta, antes de la inauguración de los Juegos Panamericanos y en la antesala del proceso electoral, se presentó el entonces gobernador Emilio González Márquez, quien levantó la pluma de contención vehicular, ofreció asumir el costo del peaje a cargo del erario público y dar solución definitiva al problema; esta medida fue respaldada por Jorge Arana, actual presidente de Tonalá; Sergio Chávez, Antonio Mateos, Ramiro Hernández, actual presidente de Guadalajara y Fernando Guzmán.
 
Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades municipales, estatales y federales han incumplido su compromiso, y no han mostrado voluntad para resolver este problema, que todavía afecta a miles de habitantes de nuestra ciudad.
 
Luego de las mencionadas manifestaciones, que fueron públicas, pacíficas y legítimas, la empresa concesionaria interpuso una denuncia penal contra los manifestantes, particularmente contra los ciudadanos Omar Nava, Juan Carlos Ruvalcaba y Jesús Ruvalcaba. La PGR actuó de manera expedita y emitió una orden de aprehensión contra los manifestantes el 25 de marzo, demostrando que están dispuestos a utilizar el sistema de procuración de justicia para criminalizar y perseguir a los activistas sociales, y poner la justicia al servicio de intereses particulares.
 
Consideramos que esta situación es gravísima porque los gobiernos del PRI están cayendo en una tentación autoritaria, restaurando el viejo régimen de persecución y opresión, en donde se castiga a quienes deciden ejercer su derecho a manifestarse, en donde se persigue penalmente a quienes ejercen sus libertades y se enfrenan de manera pacífica a las decisiones arbitrarias de los gobiernos.
 
Hoy más que nunca, necesitamos gobiernos dispuestos a garantizar el ejercicio de nuestras libertades, dispuestos a asumir una postura abierta y autocrítica, dispuestos a escuchar a los ciudadanos que deciden manifestarse. No podemos regresar a la época en donde el poder público es utilizado para perseguir a quien piensa diferente y para castigar a quien ejerce sus libertades.
 
Por lo anterior, exigimos a las autoridades federales, estatales y municipales, que no caigan en la tentación de restaurar el viejo régimen de persecución política. Exigimos al Gobierno Federal que detenga esta persecución a los activistas sociales de Tonalá y asuma una postura garantista para salvaguardar los derechos humanos de los mexicanos. Exigimos al Gobernador del Estado y al Ayuntamiento de Tonalá que cumplan los compromisos que asumieron previamente, y que con una postura responsable ejerzan sus atribuciones para proteger y salvaguardar los derechos de los ciudadanos.