Piden evaluar a quienes aplican las pruebas de control de confianza

GUADALAJARA, JALISCO (29/ENE/2013).- Para garantizar la calidad de las pruebas de certificación de policías, es necesario, en primera instancia, evidenciar quiénes se encargan de aplicarlas para que se sometan a evaluación, explica Jaime Hernández Ortiz, experto en temas de problemática social e investigador de la Universidad de Guadalajara.
 
"La pregunta aquí es: ¿quién evalúa  a los evaluadores?", refiere el especialista y agrega que debe transparentarse la identidad de los aplicadores, si son agentes externos o externos al servicio público, cuánto se les paga y cómo son sus procesos de trabajo.
 
Aplicar las pruebas de confianza desde que entran los nuevos elementos y no esperar a depurar el cuerpo policiaco es una medida eficiente, recomienda Jaime Hernández Ortiz. En ese sentido, los funcionarios deberán someterse a evaluaciones continuas, en otro formato, y a una certificación policial sólo cuando se les acuse de acto indebido, refiere el experto.
 
Los resultados que se han obtenido de las pruebas no deben ser motivo para la pérdida de confianza de los policías, pues hay deficiencias en las aplicaciones y así no se puede garantizar la incompetencia de un elemento, explica el también doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de Jalisco.
 
Un ejemplo de ineficiencia de las pruebas es el parámetro de la condición física, debido a que no aprobar este rubro no se traduce en el ejercicio inadecuado de brindar seguridad pública.
 
A decir de Jaime Hernández, la ola de despidos a policías tiene tintes políticos, pues están en coyuntura renovaciones de plazas con cambios de administraciones.
 
La posible reubicación de los uniformados despedidos en otras áreas de la función pública no resolverá el problema y será una solución de forma, mas no de fondo, pues se emplearía a alguien con conocimientos y aptitudes distintas, refiere Hernández Ortiz.
 
Una vía es garantizar una carta de recomendación a quienes resulten despedidos -sin incluir a quienes tengan nexos con la delincuencia- para que puedan reintegrarse a la actividad económica y se abran oportunidad en la iniciativa privada, y que las mismas autoridades apoyen para la búsqueda de empleo.
 
 Además, puntualiza el experto, el término de "prueba de confianza" para referirse a la certificación policial es "incorrecto" dado que la primera palabra implica connotaciones de acusación en contra de alguien y al no aprobar, se resuelve como pérdida de confianza en la persona.

EL INFORMADOR / ALEJANDRA PEDROZA