Piden reducir plazo para la presunción de muerte sobre desaparecidos

GUADALAJARA, JALISCO (14/SEP/2014).- El coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Congreso local, Luis Munguía Cardona, informó que presentó la iniciativa de decreto para acotar los tiempos en el que se declara a una persona desaparecida como muerta.
 
Por ello, dijo, pidió reformar los artículos 119 y 146 del Código Civil del Estado.
 
El legislador solicitó reducir de tres a dos años el plazo para la presunción de muerte y establecer reglas claras para el plazo especial de tres meses, de tal forma que no sólo se incluya en éste la figura del secuestro, sino también la desaparición forzada.
 
Además de establecer un candado adicional, para que el plazo empiece a contar a partir de que no exista ningún indicio de que la persona privada de su libertad pueda seguir con vida.
 
Mencionó que uno de los transes más difíciles de superar para cualquier familia o persona, es cuando se dan desapariciones de un familiar.
 
"Desgraciadamente, cada vez son más los desaparecidos y han sido muchos los ciudadanos que se me han acercado, para señalar que los tres años que actualmente se prevén por el Código Civil son excesivos ante una realidad que tristemente no creen que pueda cambiar por más años que transcurran", apuntó.
 
Dijo que detrás de la figura de la presunción de muerte y del periodo de espera para que proceda su declaración, existe un bien jurídico tutelado que es la protección del patrimonio del desaparecido.
 
"No obstante lo anterior, en la era de la tecnología que se vive actualmente, resulta altamente improbable que una persona desaparecida pueda permanecer involuntariamente en el anonimato por mucho tiempo, como hace algunas décadas acontecía", dijo.
 
Señaló que las reglas previstas también serán aplicables cuando la ausencia sea consecuencia de un hecho relacionado con la privación ilegal de la libertad, en su modalidad de secuestro o desaparición forzada de personas.
 
Detalló que en ambos casos el término para decretar la presunción de muerte será de seis meses a partir de que se haya denunciado ante la autoridad competente el hecho y no exista ningún indicio de que pudiera seguir con vida.
 
Apuntó que el Ministerio Público informará de inmediato al juez que conozca el asunto de cualquier dato o hecho que pudiera considerarse indicio de que la persona privada ilegalmente de su libertad continúa con vida, lo cual interrumpirá el plazo especial señalado.