Policías reprobados protestan contra pruebas de confianza

GUADALAJARA, JALISCO (08/ENE/2013).- Policías y ex policías de los cuerpos de seguridad de la metrópoli que han reprobado los exámenes de control de confianza, se han organizado para inconformarse juntos por este proceso de depuración que se implementa a nivel nacional, pero el cual, afirman, está violando sus derechos humanos.

En su camino al Palacio de Gobierno del Poder Ejecutivo, se detuvieron un momento ante la Presidencia Municipal de Guadalajara, desde ahí, Juan Carlos Martínez Sevilla, quien fue primer comandante de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara por 16 años, habló en representación del resto, para señalar que desconfían de los resultados que les ha otorgado el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza de Jalisco.

"Que no esté evaluando una gente que no tiene nada que ver con seguridad, esto está muy mal, es como decir que evalúe a los doctores un carpintero, ¡qué malo es eso!, yo quiero gente de la corporación, gente con reputación reconocida en seguridad pública, el licenciado Nájera (Luis Carlos Nájera Gutiérrez, titular de la Policía del Estado) es una persona coherente, que sabe, necesitamos gente que conozca, no gente ajena a la institución, por eso es que está resultando  esto".

Es decir, los inconformes están solicitando que la evaluación de las Policías quede en manos de las propias Policías, y no como se hace hoy, a través de instancias independientes a las instituciones de seguridad pública, como lo son los centros estatales de control de confianza, cuyo personal es capacitado por el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen), de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Eran más de 100 personas, entre oficiales y ex oficiales de las Policías de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, además de sus familiares (niños incluidos), y representantes vecinales.

También están en contra de que en los documentos donde se les notifica su resultado tras la evaluación, no se les precise cuál de los cinco exámenes que se les aplica fue el que los determinó como no aptos (poligráfico, médico, sicológico, toxicológico y de entorno socioeconómico).

Obtener un resultado negativo en una de estas pruebas trae consigo el cese de la corporación, y la imposibilidad por ingresar a otra en todo el país en un periodo de dos años, hasta ser evaluado de nuevo.

Así funciona el mecanismo establecido en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que condiciona la permanencia, pero también el ingreso y ascenso de los elementos con su certificado de confiabilidad (el Certificado Único Policial: que estén en buenas condiciones médicas y síquicas; que no consuman sustancias ilegales; que no tengan nexos con la delincuencia organizada ni común; y que sus propiedades sean correspondientes con sus ingresos).

Dice Martínez Sevilla, quien llegó a tener bajo su encargo las comandancias de la zona 1 Centro Metropolitano y 2 Minerva, en el municipio de Guadalajara: "Tenemos familias, gente que mantener, somos gente honesta, con buenos servicios; gente que estamos aquí, que dimos la cara por ustedes, por salvaguardarlos a veces exponiendo nuestra vida, por cuidar su bien, señores", dirigiéndose a la ciudadanía.

Cuestionó que el presidente municipal de Guadalajara, Ramiro Hernández García, quien ha mencionado que ofrecerá alternativas de reubicación laboral a los ex policías, no lo ha hecho en realidad.

Otro punto que exigió es que los resultados de los exámenes tengan mayor publicidad, una mayor difusión (hoy en día es información reservada): "Que los exámenes no los hagan de esa manera, no tengo empacho, nunca he sido delincuente, no tengo ficha; que estén reporteros (en la aplicación), la Universidad de Guadalajara, que haya visores, no me interesa (que se sepa) si soy un delincuente, al contrario, para que se cuiden de mí".

Luego, agregó: "¿Por qué hacemos los exámenes?, porque estamos comprometidos con ustedes, con la ciudadanía y ser mejores, (pero) son vejatorios, donde están los derechos humanos, el examen médico te desnudan totalmente, haces ejercicio y te ponen aparatos para checar el corazón. Quiero saber si algún gobernante se hace ese examen. Si no le daría pena. El socioeconómico van a tu casa y te sacan fotos del interior y exterior, ¡qué pasa con la propiedad privada¡, todo eso lo dejamos de lado, lo admitimos por querer ser mejores para ustedes, por creer que van a actuar conforme a derecho, que van a hacer las cosas legales...que no nos hagan esto".

El proceso de depuración no sólo es una obligación legal para las autoridades de todo el país, también se plasmó como un compromiso de los gobernantes (a nivel federal, estatal y municipal) ante asociaciones civiles en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, debido a la infiltración de la delincuencia que estaban presentando los cuerpos policiales de los distintos órdenes de Gobierno.

Para saber

-El proceso de depuración debió terminar el 3 de enero de 2013 (comenzó cuatro años antes), pero debido al rezago en el país, el Congreso de la Unión aprobó una prórroga por 10 meses más. Desde el 24 de noviembre de 2012, se informó aquí que el Estado de Jalisco y sus Policías no lograrían la meta, de acuerdo a las estimaciones del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP).

-De un universo total de 18 mil 500 uniformados en el Estado, sólo 12 mil 500 estuvieron plenamente evaluados para la primera fecha fatal, esto es, el 67%, y de estos, cuatro mil 375 reprobaron (el 35%, o uno de cada tres).

-Sólo la salida de los policías no aptos de Guadalajara requerirá una bolsa de 140 millones de pesos para sus liquidaciones, según lo ha informado la Dirección de Recursos Humanos tapatía.

EL INFORMADOR / LUIS HERRERA