GUADALAJARA, JALISCO (09/ENE/2017).- Con el objetivo de blindar los procesos de designación de peritos, en el cual se ha señalado tráfico de influencias, así como evitar abusos en el pago de honorarios y en el cobro de avalúos, dictámenes o traducciones, el diputado de Movimiento Ciudadano, Mario Hugo Castellanos Ibarra presentará este día dos iniciativas en materia de auxiliares de administración de justicia. El legislador informó que un grupo de abogados litigantes se acercó a su oficina para informarle de estas malas prácticas, "nos presentaron varios expedientes donde un asunto que era de alrededor de 80 millones de pesos, el peritaje de la parte cobraba alrededor de cinco mil pesos y el peritaje de oficio les cobraba alrededor de 280 ml pesos por el mismo trabajo". Las irregularidades radican, dijo, en que existe una lista acreditada para el año 2016 de 370 auxiliares en el Consejo de la Judicatura, "de los cuales, los jueces siempre nombran a un grupo no mayor de diez peritos (...). Fijan sus honorarios discrecionalmente, ya que las tarifas que se establecen en la ley son obsoletas". Informó que la Ley que establece las Remuneraciones de los Auxiliares en la Administración de Justicia data de 1977, "algo que creemos que ya no funciona", por lo cual se propondrá que sea abrogada. Agregó que la calidad de los peritajes no es la óptima, ya que no hay claridad respecto a la responsabilidad y posibles sanciones, sumado a que Jalisco es el único estado que obliga a la designación de peritos de oficio, sin que ésta acredite la necesidad del mismo. Informó que por ello se propone abrogar esa ley, modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Código de Procedimientos Civiles. "Lo que estamos proponiendo para el tema de auxiliares de la administración de justicia, es que se faculte al Consejo de la Judicatura a fin de establecer la remuneración máxima y mínima que puede cobrar los auxiliares de administración de justicia y en el cual se precisa también, que los peritos no podrán cobrar más de lo establecido en el arancel (...), y que se pueda variar y se determine los diferentes tipos de peritajes". Además, que se establezcan los requisitos para ser perito, así como las faltas y sanciones. Se requiere, dijo, una reforma sobre las pruebas periciales y códigos de procedimientos, "lo que estamos viendo, es la obligación de los jueces a nombrar a un perito de oficio; lo que queremos es que se elimine esta parte, el juez sólo solicitará el peritaje de un tercero, cuando entre los peritajes de las partes exista una discordia". EL INFORMADOR / YENZI VELÁZQUEZ
