Amnistía Internacional pide seguridad para activistas

MÉXICO.- Amnistía Internacional (AI) pidió a la Comisión  Interamericana de Derechos Humanos y a otros organismos protección para tres activistas de Ciudad Juárez, la localidad más violenta de México, tras  el reciente asesinato de una de sus compañeras.

"Estamos buscando estas medidas y estamos en diálogo desde ayer con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Nacional  de Derechos Humanos y la Secretaría de Gobernación. Todavía no tenemos un  compromiso" por su parte, dijo un responsable de AI en México.

La ONG alertó el martes en un comunicado que estos activistas se encuentran  "en riesgo de ser amenazados y atacados" especialmente después del asesinato el  domingo de Josefina Reyes, una destacada luchadora social que denunció  presuntos abusos del Ejército, al que acusa de secuestrar y asesinar a un  hijo.

AI se mostró principalmente preocupada por la situación de la activista Cipriana Jurado, quien colaboró en un informe de Amnistía hecho público en  diciembre en el que se denunciaba que el Ejército comete "frecuentes" abusos como desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, desde que lidera el  combate al narcotráfico desde hace tres años.

"No he recibido ninguna amenaza directa", dijo Jurado vía  telefónica, "pero a raíz del asesinato de Josefina se alertó más la situación  de riesgo" en Ciudad Juárez.

La activista exigió a las autoridades que investiguen en serio el crimen  contra Reyes para que "no pase lo mismo que con Manuel Arroyo, otro activista y  profesor universitario asesinado (en mayo), y otros casos en los que no hay  avances".

Los otros dos activistas por los que AI pide protección son colaboradores  de Reyes, quien, lamentó Jurado, había recibido numerosas amenazas de muerte  antes de ser asesinada en una tienda del municipio de Guadalupe en Chihuahua, por  un grupo armado que la intentaba secuestrar.

Un operativo militar que llegó a contar con ocho mil 500 soldados -ahora suman  unos seis mil, fue desplegado desde 2006 en Ciudad Juárez (1.3 millones de  habitantes) para intentar contener la violencia que el gobierno atribuye al  enfrentamiento entre dos poderosos cárteles narcotraficantes y que dejó más de  dos mil 500 muertos en 2009.