Cártel obliga al estado de sitio en Guatemala

COBÁN, GUATEMALA (20/DIC/2010).- El Gobierno de Guatemala cedió a la milicia el control total de Alta Verapaz, una región del Norte del país agobiada por índices de criminalidad que han desbordado la autoridad estatal.

El presidente Álvaro Colom declaró a una radio local que la decisión de decretar estado de sitio se tomó con el objetivo de “recuperar la gobernabilidad en el Departamento”, considerado un santuario del ex brazo armado del cártel del Golfo, “Los Zetas”. Informes de Inteligencia del Estado han informado al Gobierno que ex militares mexicanos con ayuda de guatemaltecos han tomado por completo algunas comunidades locales.

El decreto entró en vigencia este domingo y tiene un mes de vigencia. Alta Verapaz se localiza a unos 200 kilómetros al nordeste de la capital y es un territorio fronterizo con México, infestado de narcotraficantes.

Hasta el momento no hay reportes de enfrentamientos armados ni de detenciones. El Gobierno informó en su web oficial que se realizan 16 allanamientos en lugares donde tienen información que se refugian narcotraficantes y otros realizan tareas de vigilancia y prevención de ataques.

Para el criminólogo y catedrático universitario David Martínez Amador, el Gobierno reaccionó a demostraciones de fuerza que han realizado “Los Zetas”, pero consideró que de nada servirá “si continúa la corrupción de la Policía, un sistema de justicia débil y un sistema de cárceles débiles”.

El “estado de sitio”, es el segundo mandato de mayor gravedad después del “estado de guerra”. Mientras está vigente, estipula que “todas las autoridades y entidades estatales están obligadas a prestar a la autoridad militar el auxilio y cooperación que les sean requeridos”.

También pueden realizarse detenciones sin orden judicial, limita la portación de armas y prohíbe las manifestaciones públicas, así como las reuniones privadas.

Checan programa “Paisano”
Migrantes se quejan por extorsión

PACHUCA.- Ante la ola de inseguridad pública que prevalece a nivel nacional, el diputado federal por Hidalgo, Héctor Pedraza, en coordinación con la organización Consejo Supremo Hñañhu (CSH), asociación dedicada a la protección de los derechos étnicos, realizan un monitoreo de los módulos del programa “Paisano”.

De acuerdo con datos de dicho programa, los migrantes refieren que 36.49% de las quejas atendidas fueron por extorsiones cometidas por policías municipales y estatales.

En segundo lugar se ubicó el robo con 14.69%, seguida de mal procedimiento con 14.22%; por último, decomiso de mercancía, maltrato y abuso de autoridad registraron 13.25%, 12.32% y 1.42 por ciento.

Los policías municipales y estatales fueron señalados como responsables en 23.7% de las quejas; Por otro lado, instituciones de carácter federal como el Instituto Nacional de Migración 9.01% y la Policía Preventiva 8.06% también resultaron identificadas como violatorias de derechos.

Los estados con mayor número de quejas por parte de los paisanos fueron Tamaulipas, con 30.03%; Sonora y Chihuahua, con 10.43%, y 7.58 por ciento.

Ante el descontento que ha provocado en los migrantes la mala coordinación en el programa “Paisano”, el legislador señaló que es necesario que los connacionales tomen acciones de autoprotección como viajar en caravanas, evitar viajes de noche y dar a conocer la fecha de llegada a sus comunidades.

Pedraza, legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), señaló que entre la inconformidad de los paseantes se registra el excesivo burocratismo en la administración de aduanas que tiene como objetivo ocasionar desesperación y, así, poder extorsionarlos con mayor facilidad.

Denunciaron también que los teléfonos de apoyo y emergencia que maneja el programa no funcionan y en los módulos las personas que atienden las quejas carecen de experiencia.

PRINCIPALES IRREGULARIDADES

36.49% de los connacionales registraron que fueron sujetos a extorsiones.

14.69% de los migrantes declararon haber sufrido robo.

14.22% de los paseantes declaró ante los evaluadores del programa “Paisano” que sufrieron mal procedimiento en la atención en las diferentes aduanas.

13.25% alcanzan los casos de quienes reportaron decomiso de mercancía.