Cinco décadas de guerra sucia y desapariciones

CIUDAD DE MÉXICO (03/NOV/2014).- El asesinato y desaparición de estudiantes normalistas en Guerrero no es posible entenderlo a cabalidad si se mira como un hecho aislado, así lo demuestra el Informe Final de Actividades de la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero.

El documento, fechado el 15 de octubre de 2014, tan sólo 20 días después de la agresión contra estudiantes perpetrada por autoridades municipales en complicidad con sicarios del grupo criminal “Guerreros Unidos”, detalla los antecedentes de la “guerra sucia” (finales de los sesenta hasta principios de los ochenta) perpetrada a manos del Estado mexicano en contra de la sociedad civil, la cual sufrió a manos de las corporaciones de la seguridad del Estado (tal como en la desaparición y asesinato de estudiantes en Iguala) torturas, desapariciones forzadas, acciones armadas y de intimidación contra comunidades campesinas, pues tenían por objeto “desmoralizar” y desaparecer cualquier movimiento subversivo, o sospechoso de serlo, en el Estado de Guerrero.

El documento de 237 cuartillas de la Comisión de la Verdad (Comverdad) también remite a los resultados de la investigación sobre la violación de los derechos humanos y la situación de familiares y sobrevivientes de desapariciones forzadas de obreros, campesinos, estudiantes, mujeres y niños, quienes en algunos casos fueron detenidos y desaparecidos de la faz de la tierra por el sólo por el hecho de tener vínculos familiares con integrantes de la guerrilla de Lucio Cabañas.

El informe final de la Comverdad advierte que el surgimiento de los movimientos subversivos clandestinos se da “ante la falta de políticas que expresaran intereses generalizables”, así como por la “incapacidad del Gobierno para generar consenso y resolver adecuadamente las demandas o presiones de las organizaciones y grupos que iban surgiendo”.

Ante esta “incapacidad gubernamental”, es que el Estado recurre “a la represión de la población y las organizaciones populares que pedían una reforma agraria integral, la ampliación y efectividad de los derechos obreros, el reparto de latifundios, el rescate de las riquezas madereras, la alfabetización del pueblo, ‘que vuelva la justicia y resplandezca la libertad’”.

De acuerdo a la Dirección Federal de Seguridad (DFS), el antecedente de la guerra sucia en Guerrero se encuentra en la creación en 1959 de la Asociación Cívica Guerrerense (ACG), dirigida por los profesores Darío López Carmona y Genaro Vázquez Rojas, quienes al cabo de un año acrecentaron su fuerza y popularidad entre una población mayoritariamente rural y analfabeta. Debido a sus críticas al gobernador, Raúl Caballero Aburto manda a reprimir toda actividad de oposición, lo que acrecienta la inconformidad del pueblo, “al grado que el 30 de diciembre de 1960, con motivo de una protesta contra el gobernador y a favor de la autonomía de la recién creada Universidad de Guerrero, fueron asesinados en Chilpancingo aproximadamente 19 personas por tropas federales“.

Con información de Al Momento Noticias

Abusos policiacos

El ataque se considera “generalizado” cuando “se comete masivamente, a larga escala, contra una pluralidad de víctimas”. Y “sistemático” cuando es parte de un plan metódico, organizado, en el que se utilizan recursos públicos o privados considerables, que pese a ser implementado no necesariamente es reconocida como política del Estado.

Para prosperar en sus métodos criminales los artífices de la “guerra sucia” o “guerra de baja intensidad” requirieron/requieren de impunidad, la misma que al paso de los años indica que las cosas no han cambiado tanto, así lo demuestran tres hechos representativos acontecidos en los últimos cuatro meses en entidades gobernadas por la triada PRI, PRD y PAN:

PARA SABER
Arbitrariedades

30 de junio: La ejecución de 22 individuos en Tlatlaya, Estado de México. Por estos hechos fueron procesados ocho elementos del Ejército.

26 de septiembre: Asesinato, desollamiento y desaparición forzada de alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, a manos de policías municipales y cirminales.