Corte valida ''apagón analógico'' en 2015

CIUDAD DE MÉXICO (15/NOV/2011).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desestimó las controversias constitucionales que interpusieron el Senado y la Cámara de Diputados en contra del decreto presidencial que adelanta el llamado "apagón analógico" de 2021 a 2015, al no reunirse los ocho votos necesarios para invalidarlo.

Una minoría de cuatro ministros, incluido el presidente de la Corte, Juan Silva Meza, consideró que el Presidente Felipe Calderón no se excedió en sus atribuciones al emitir el decreto que detalla las acciones a seguir para concretar la transición a la televisión digital terrestre.

Con ese resultado, la controversia constitucional promovida por el Senado de la República, fue desestimada por no alcanzar la mayoría calificada de ocho votos para que la Corte se pronunciara sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del decreto, y este queda vigente.

El proyecto de sentencia, elaborado por la ministra Olga Sánchez Cordero, propuso declarar inconstitucional el decreto, debido a que la regulación de las materias de radio y televisión es una facultad reservada por ley a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), en contravención de los principios de subordinación jerárquica y de reserva de ley.

A favor del proyecto votaron únicamente Zaldívar, Jorge Mario Pardo, Margarita Luna y la propia Sánchez Cordero.

Con este argumento, tanto el Senado como la Cámara de Diputados promovieron dos controversias constitucionales para impugnar el decreto, y al admitir las demandas, la ministra Sánchez Cordero suspendió la aplicación del decreto y de todas las acciones en él dispuestas para la transición digital.

El pleno de ministros resolvió desestimar también la demanda interpuesta por la Cámara de Diputados, sin entrar a la discusión del proyecto, también a cargo de la ministra Sánchez Cordero.

En su intervención, el ministro presidente dijo no coincidir con los argumentos del proyecto, en el sentido de que el Ejecutivo federal no pueda estructurar a través de normas generales las medidas para que la administración pública se prepare.

"Tampoco considero que si lo hiciera se afectaría la autonomía del órgano regulador", y recordó que la planeación de políticas públicas en áreas estratégicas como el sector de telecomunicaciones corresponden al Ejecutivo federal, quien tiene por mandato constitucional, la rectoría del Estado.

La sustitución de señales analógicas por digitales es uno de los cambios más importantes que ha sufrido el mundo en los últimos años, y se traduce en un mejor aprovechamiento del espectro radioeléctrico, una mejor calidad de la señal y más canales.

Aplazar el cambio, sostuvo, sería postergar los beneficios de la digitalización, que implica una decisión de interés público, que no tiene únicamente una dimensión técnica, "pues abarca cuestiones económicas, sociales, políticas y de seguridad nacional".

Estas cuestiones, destacó, "exigen la operación de todo el sistema establecido, conforme al principio de rectoría económica del Estado, engloba un grupo de atribuciones que la Constitución conduce a la facultad del Ejecutivo estatal".

Recordó que un gran número de países en todo el mundo ha concluido ya la transición digital, y lo ha hecho a través del Ejecutivo, pese a contar con órganos técnicos altamente especializados.

No se puede concluir que el Ejecutivo, al emitir el decreto impugnado, que invada en alguna forma la esfera de competencias del Congreso, pues se está proveyendo en la esfera administrativa la observancia de las leyes emitidas por el Legislativo, aseguró.