Detenidos del 20 de noviembre presentan signos de violencia

CIUDAD DE MÉXICO (25/NOV/2014).- Los 11 jóvenes —tres mujeres entre ellos — que fueron detenidos en la megamarcha del 20 de noviembre presentan signos de violencia física, informaron el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) y la Oficina de Defensora de los Derechos de la Infancia, quienes asumieron la defensa.

El portavoz de IMDHD, Jesús González, informó que los abogados tuvieron acceso al expediente apenas ayer, por lo que están analizando cuáles fueron las evidencias que el Ministerio Público del fuero federal presentó en contra de los jóvenes para mandarlos a penales de Nayarit y Veracruz.

Detallaron que ante la falta de comunicación, el equipo de defensa determinó solicitar la duplicidad del término para presentar pruebas a favor de los detenidos. Es decir, será hasta el próximo sábado a las 12:30 cuando el juez federal determine la situación jurídica de los jóvenes.

El abogado Alejandro Jiménez dijo que entre los detenidos hay estudiantes, artistas, estudiantes de doctorado e investigadores. El titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, afirmó que “quien no cometió (...) hechos violentos como los que se dieron, no tendrá por qué estar preocupado”.

Ayer la titular de la Comisión de Derechos Humanos de Distrito Federal (CDHDF), Perla Gómez, se dijo preocupada por los delitos que se les pueda fincar. “El hecho de que se diga motín o delincuencia organizada nos preocupa, porque son delitos graves que automáticamente los están llevando hacia (los penales de) Veracruz y Nayarit”.

Por otro lado, para el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, Jesús Rodríguez, los agentes que participaron en el operativo del 20 de noviembre actuaron de manera cabal y apegados a derecho. “Felicito a mi personal por el trabajo demostrado, por el gran valor, gallardía, responsabilidad y sobre todo por restablecer el orden público, le guste a quien le guste”.

La CDHDF dijo que en lo que compete a las autoridades capitalinas, no se registraron abusos de autoridad.

Maestros toman delegación de la PGR

Unos 300 maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero tomaron durante tres horas las sedes de la delegación de la Procuraduría General de la República y el Tribunal Electoral de Guerrero, en represalia por la desaparición de los 43 normalistas ocurrida el pasado 26 de septiembre a manos de policías municipales de Iguala y Cocula.

Los docentes escribieron consignas en los muros de los edificios como “Fuera Peña Nieto” y “Aguirre asesino”, y quemaron un montón de paja en uno de los accesos de la delegación de la PGR.

Además exigen la liberación de las 11 personas detenidas tras los hechos de violencia que se registraron después de la megaprotesta pacífica del 20 de noviembre en el Zócalo de la Ciudad de México.

Por otro lado, pidieron que 39 órdenes de aprehensión y averiguaciones previas no sean ejercidas en su contra pues esto criminaliza la protesta. Advirtieron que van a continuar con sus acciones aunque estas se tornen violentas hasta que los 43 normalistas desaparecidos regresen con sus familiares.

Los empleados de ambas dependencias fueron desalojados antes de la protesta sin que se presentaran incidentes.

Peritos trabajan en fosas halladas por la UPOEG

La Procuraduría General de la República (PGR) informó que en las fosas localizadas por la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) ya trabajan peritos.

El director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, dijo en conferencia de prensa que en una de las fosas no existen restos humanos y que en la segunda se encontró una osamenta que tiene aproximadamente un año de haber sido enterrada. Apuntó que son 10 en total las tumbas clandestinas en Iguala.

Por otro lado, la UPOEG anunció que comenzará la integración de Comités de Búsqueda de personas desaparecidas en las regiones de la Costa Chica, Centro y Norte del Estado, pues afirman que en dichas zonas hay por lo menos 500 desaparecidos.

Bruno Plácido, dirigente de la organización, precisó que desde enero de 2013, cuando constituyeron el sistema de seguridad ciudadana, les comenzaron a llegar denuncias por personas desaparecidas principalmente en Ayutla, información que conoce la CNDH, pero que ninguna dependencia ha hecho algo por apoyar a los familiares de las víctimas.

“Nosotros nos vamos a encargar de organizar a los ciudadanos en comités de búsqueda y las tareas de exhumación en los lugares donde encontremos fosas será de las autoridades, nosotros no somos ni técnicos ni médicos forenses”.