Dice el IFAI que la ley de Transparencia debe dar certeza jurídica

CIUDAD DE MÉXICO (05/MAR/2011).- Las reformas a la Ley Federal de Transparencia que revisa la Cámara de Diputados deben dar certeza a la naturaleza de la información pública y al ejercicio del derecho de acceso, señaló la comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), Jacqueline Peschard.

"Se debe de hacer más público lo que es público, fortaleciendo las decisiones de las autoridades en materia de acceso a la información, declarándolas inatacables", dijo.

Aseguró que si bien el martes pasado en comisiones legislativas se aprobaron diversas modificaciones que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Transparencia, en lo general, quedaron pendientes cuatro artículos.

La comisionada presidenta señaló que esas normas son fundamentales para consolidar los avances en materia de transparencia y rendición de cuentas, pues es urgente garantizar el acceso a la información de los fideicomisos, de las operaciones bancarias o fiscales que involucren recursos públicos federales.

Peschard comentó que en la ley actual no hay ninguna referencia a los fideicomisos públicos y que, ante esa ausencia, el Instituto desarrolló un criterio que establece que si un fideicomitente -quien aporta los recursos- es un sujeto obligado, la información sobre dichos recursos debe ser pública.

"Es muy importante saber cuáles son los recursos, los montos, para los cuales se abre un fideicomiso y cuál es la dependencia o entidad que da esos recursos", señaló.

Destacó la importancia que tienen los artículos 46 y 55 bis, con respecto a la posibilidad que abren los cambios aprobados por el Senado, para que se generen y expidan documentos solicitados en los casos en que los ordenamientos jurídicos obliguen a hacerlo a las dependencias y entidades gubernamentales.

Dijo que pugnará porque se apruebe en sus términos el artículo 59 reformado por el Senado de la República, en el que se establece que las resoluciones del Instituto serán "definitivas e inatacables" para las dependencias y entidades públicas.