El PRD presenta iniciativa en pro de bodas gay en Estado de México

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO (25/NOV/2015).- A nueve meses de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación amparó a cuatro parejas gay mexiquenses para que puedan contraer matrimonio, la fracción parlamentaria del PRD en el Congreso local presentó la iniciativa de ley para la legalización de las bodas igualitarias en toda la entidad.

La iniciativa no sólo busca quitar los candados legales de orden civil que establecen que en el Estado de México el matrimonio sólo se puede realizar entre un hombre y una mujer, sino también abre la posibilidad a que las uniones entre matrimonios con personas del mismo sexo o igualitarios puedan adoptar hijos, así como tener acceso a los mismos derechos y obligaciones que cualquier otra unión.

El diputado Javier Salinas Narváez informó que el proyecto está listo y se espera que en la sesión del jueves sea presentado ante el pleno para su turno a comisiones de dictamen.

Salinas Narváez explicó que la iniciativa propone reformas a los artículos 4.179, 4.195 y 4.403 del Código Civil del Estado de México, para regular las uniones entre personas del mismo sexo, y recordó que en febrero pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al conceder un amparo a cuatro parejas del mismo sexo, declaró “anticonstitucional y discriminatoria” la figura de matrimonio en el Estado de México, donde se define por ley como una unión entre un hombre y una mujer, además de haber ordenado a los Poderes del estado a tomar medidas al respecto.

“Han transcurrido nueves meses desde entonces y la legislatura mexiquense sigue en falta, al no discutir ni acatar la resolución, a pesar de que existe una iniciativa del Ejecutivo estatal promovida en marzo”, indicó el diputado del PRD.

Salinas afirmó que el reconocimiento a los matrimonios entre personas del mismo sexo no es cuestión de “moral, ética o valores”, se trata de un asunto de “estricta justicia”.

Refirió que los Países Bajos permiten los matrimonios gay desde 2001, en Bélgica es legal a partir de 2003; en España lo es desde 2005, mientras que las provincias de Andalucía, Navarra, Cataluña y Valencia cuentan con legislaciones específicas en la materia.