El PRI da estocada: suspende derechos a Yarrington

CIUDAD DE MÉXICO (27/MAY/2012).- Oficialmente desconocido. En sesión extraordinaria, el pleno de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI, acordó la suspensión de derechos de militante al ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba, a solicitud del presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Pedro Joaquín Coldwell.

La decisión de retirar los derechos políticos del otrora funcionario —acusado en Estados Unidos por presunto “lavado” de dinero— se informó mediante un boletín del partido.

Coldwell instó esta semana “a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria a que, de manera cautelar ante la gravedad de las acusaciones en su contra, determine la suspensión de derechos del militante Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba”.

De acuerdo con el expediente criminal B-12-435 de la Corte del Distrito Sur de Texas, desde 1998 el cártel del Golfo “pagó grandes sobornos a funcionarios de alto nivel elegidos en Tamaulipas, así como a candidatos a dichos cargos en forma permanente”, a cambio de protección para sus actividades criminales.

Los sobornos, detalla, “fueron pagados directamente a funcionarios corruptos de alto nivel y candidatos oficiales, así como a sus respectivos aliados, entre ellos autoridades policiacas y personas del sector justicia en el estado de Tamaulipas; estas prácticas ocurren desde principios de 1998 hasta el presente”, y, aunque no se tiene el monto de las operaciones, se estima que éstas ascienden a varios millones de dólares.

El pago de sobornos para altos funcionarios y candidatos en Tamaulipas por parte del cártel del Golfo para garantizar la protección de la organización “ocurre desde 1998 y hasta la fecha”, según la investigación en la que se identificó al empresario Fernando Alejandro Cano Martínez, como uno de los “lavadores” de dinero que operaron para ocultar los sobornos que recibían los servidores públicos a través de ocho empresas instaladas en Texas, una de las cuales utilizó para adquirir 18 hectáreas de tierra en San Antonio, propiedad del ex gobernador Tomás Yarrington.

El proceso legal contra Yarrington y otros involucrados es resultado de una investigación de la multiagencia Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado (OCDETF, en inglés) y fue conducida en Brownsville, San Antonio, Houston y Corpus Christi, en Texas.

TELÓN DE FONDO

Del respaldo al olvido

En los últimos días de enero de este año, fue emitida una alerta migratoria contra tres ex gobernadores de Tamaulipas. Aunque la Secretaría de Gobernación admitió que dicha acción no fue más que un error, también confirmó lo que se sospechaba: Manuel Cavazos, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, los tres ex gobernadores tamaulipecos, eran investigados por autoridades federales.

Enrique Peña Nieto, candidato presidencial del PRI, tomó el asunto con reservas y dijo que le parecía raro que esta acción se ejerciera justo en momentos electorales.

Para esta segunda ocasión, en la que la acusación viene de Texas, la situación cambió. Peña Nieto dijo durante la semana que Yarrington tiene la obligación de aclarar su estado y, en todo caso, responder por sus propios actos. El PRI siguió esta lógica. En medio de las acusaciones de la oposición, rápido se deslindó de quien fuera precandidato presidencial en 2005.

Así, Yarrington pasó de ser respaldado, a verle la espalda al partido.