En Yucatán piden que asesores contables sean responsables

MÉRIDA, YUCATÁN (20/ENE/2013).- El diputado local del PAN, Víctor Hugo Lozano Poveda, se pronunció por impulsar reformas legales para que se considere a los asesores contables, jurídicos y de construcción de administraciones a nivel estatal y municipal, responsables solidarios de las autoridades en turno.

El también vicecoordinador del Partido Acción Nacional en el Congreso local indicó que aún cuando estos no son funcionarios y no se les puede aplicar la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos, se debe regular su actuación, ya que muchas veces son los responsables de fallas y quebrantos al erario público.

Sin embargo, son los funcionarios, principalmente los ediles, quienes deben asumir de manera exclusiva la responsabilidad. Así que en caso de existir un delito, son los alcaldes quienes son inhabilitados o van a la cárcel, mientras que el asesor será el mismo que tenga la administración siguiente y como si nada, comentó.

Señaló que en términos generales, la citada ley necesita adecuaciones, a fin de que en caso de incurrir en un delito, todo aquel que provoque quebranto o haga mal uso de los recursos públicos sea sancionado con el rigor de ley "y no se necesite de un milagro para ello".

Expuso que actualmente existen numerosos casos de ediles que al dejar su gestión tienen obras sin terminar o comprobar, pese a gastarse todo el recurso que se tenía previsto para ello, lo mismo pasa con recursos del Ramo 33 o al dejar sus gestiones no hay inventarios, incluso se llevan el mobiliario público.

"Necesitamos, subrayó, normas que garanticen un buen manejo de los recursos públicos y un uso discrecional, pero en la actualidad, las sanciones nos llevan a la inhabilitación y en el peor de los casos, la cárcel, con penas que si analizamos son muy bajas y para muchos conviene cumplirlas, porque el beneficio es mayor".

Un ejemplo, explicó Lozano Poveda, es la pasada administración local, la cual se manejó con total opacidad, sin rendición de cuentas y un mal uso de los recursos.

"Estamos a la espera de acciones conducentes por las nuevas autoridades, ya que el actual gobernador prometió un feroz combate a la corrupción y hasta hoy no percibimos el interés de ampliar sanciones o castigar a quienes hicieron mal uso del erario", subrayó.

Por ello, abundó, también necesitamos de una contraloría social que califique el actuar de los funcionarios y no sea sólo el ministerio público.

"Una vez que se ha comprobado una mala actuación, debe castigarse con todo el peso de la ley, y no como ahora, que no es del todo coercitiva", concluyó.