Gobierno de EU pide detener ejecución de mexicano en Texas

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (01/JUL/2011).- El procurador del gobierno estadounidense pidió este viernes a la Corte Suprema detener la ejecución de un mexicano condenado a muerte en 2010, aduciendo que podría causar "daños irreparables" a  los intereses de Estados Unidos.

La ejecución de Humberto Leal García, de 38 años, está prevista en Texas el  7 de julio, pero México sostiene que no se le dio el acceso apropiado a la  asistencia consular, lo que viola la Convención de Viena.

"Este caso implica intereses de política exterior de Estados Unidos del más alto orden", escribió Donald Verrilli, máximo representante del gobierno  estadounidense ante la Corte Suprema, en una carta dirigida al máximo tribunal.

"La inminente ejecución del condenado pondría a Estados Unidos en violación  irreparable de su obligación frente al derecho internacional de revisión y  reconsideración" de la condena, según el texto.

Leal, originario de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, no fue informado de que podía establecer contacto con el consulado mexicano tras su detención por el asesinato de Adria Sauceda. Sus abogados dicen que la policía violó un tratado internacional al no informar a Leal que podía recibir ayuda consular.

Una la legislación pendiente en el Senado permitiría que las cortes federales revisen casos de extranjeros condenados. La semana pasada, un juez se negó a posponer la ejecución.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH) había urgido hoy a Estados Unidos a suspender la ejecución del mexicano hasta que revise su caso.

Leal fue sentenciado a la pena capital por la violación y homicidio de Adra Saveda, de 16 años, el 21 de mayo de 1994 en San Antonio, Texas.

En 2004, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó a Estados Unidos revisar las penas a 51 mexicanos en el corredor de la muerte, entre ellos Leal, porque se había violado su derecho a contar con asistencia consular, tal y como estipula la Convención de Viena de 1963.

El estado de Texas se ha negado a suspender las ejecuciones de extranjeros aduciendo que ninguna corte internacional puede suplantar las leyes estatales o las de Estados Unidos y el Gobierno federal no tiene autoridad para ordenar la revisión a los estados.

El 24 de julio de 2008, la CIDH, organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), determinó que el Estado violó los Artículos I, XVIII y XXVI de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre contra Leal García y otras personas, con los juicios que concluyeron con la pena de muerte.

La Comisión determinó que el hecho de que el Estado no hubiera cumplido con su obligación, bajo la Convención de Viena, de informar sobre su derecho a asistencia consular, derivó en que los procesos penales "no cumplieran con los estándares mínimos del debido proceso y de juicio justo" que establece la Declaración Americana.

"Si el Estado les ejecutara como resultado de ese juicio, cometería una violación irreparable del derecho fundamental a la vida", advierte la CIDH.

Esta misma semana, el Gobierno de México y los abogados defensores del reo solicitaron al Supremo de Estados Unidos que paralice la ejecución.

El recurso "Amicus Curiae" fue presentado el martes argumentando que no se debe permitir al estado de Texas pasar por encima de los derechos constitucionales de Leal, así como del Congreso y el Ejecutivo.

Con información de AFP, AP y EFE