Haciendo camino

Para nadie es un secreto la inconformidad ciudadana por la forma en que opera la procuración e impartición de justicia en el país.

De esta última, de la administración de justicia, mucho se dice sobre la falta de objetividad, transparencia e imparcialidad en la actuación de los operadores del derecho que tienen la muy delicada tarea de impartir justicia agravada por la prevaleciente desconfianza social en las instituciones públicas.

Del análisis de este tema, los estudiosos han determinado que las causas más probables de la carencia de credibilidad y legitimidad son entre otras la demora en la resolución de los casos, la improvisación y negligencia de la procuración de justicia, la ausencia de independencia del Poder judicial y el excesivo formalismo en los procedimientos judiciales.

Por lo anterior hay quienes compartimos la apreciación que el sistema judicial penal en México está agotado, que ha sido superado no sólo en su capacidad física, también le ha desbordado por la anquilosada estructura inquisitoria vigente que ya no da para lograr la eficiencia y eficacia que ahora se exige.

Quizá en razón de ello y por recomendaciones de organismos internacionales, el Ejecutivo publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, la reforma aprobada por el Congreso de la Unión que modifica la Constitución y otras leyes especiales ofreciendo una alternativa para corregir esas deficiencias  a través de un nuevo sistema integral Penal Acusatorio Adversarial, basado en juicios orales, medios alternativos para la solución de conflictos, auténtica investigación científica en criminalística y criminología, y la reestructuración del aspecto penitenciario.

Es justamente en la reforma al Derecho Penitenciario donde se estableció un periodo de tres años para su implementación que vencen el próximo mes de junio, fecha en que todas las entidades federativas deberán contar con reformas locales y derivado de éstas, con jueces de ejecución de penas que sustituyan la función que todavía realiza el ejecutivo para valorar conductas, liberaciones y readaptación social de los reos.

Más que urgente es implementar esta reforma, al margen de los tiempos que también corren para el resto de modificaciones legales para llegar a consolidar este nuevo sistema en el año 2016. La responsabilidad es conjunta, todos debemos asumir la parte que nos corresponde, especialmente en estos temas que son muy sensibles para la ciudadanía.

La certeza y seguridad jurídica que debe otorgar el Poder Judicial es fundamental para propiciar la productividad y el desarrollo del país, para generar condiciones de igualdad que permitan la inversión productiva, el combate a la pobreza y la convivencia armónica entre los ciudadanos mexicanos.