Haciendo camino

En la colaboración anterior se señalaba el tránsito que en un lapso de ocho años, a partir de 2008, debe cursar la reforma federal de justicia  penal en el país y el lento avance de la implementación de las nuevas figuras jurídicas que deben cobrar vigencia antes del plazo general establecido.

Pero no sólo en materia penal hay reformas, también está el caso de la justicia mercantil que muchos autores ubican como una de las áreas más antiguas del derecho y de la que en México se sostiene un fuerte debate respecto de si debe prevalecer la dualidad de tribunales para resolver este tipo de asuntos, toda vez que actualmente, siendo materia del ámbito federal, por disposición legal las entidades federativas tenemos jurisdicción concurrente, lo que nos faculta para conocer de esos asuntos.

Las diferencias se generan porque más de 90% de los asuntos mercantiles de todo el país se desahogan en los estados, con jueces y recursos locales, sin recibir de la Federación presupuesto alguno, dejándoseles las cargas de trabajo y económica del sostenimiento de esos juzgados y salas.

Quizá buscando darle una respuesta a esta problemática, al menos así se interpreta, el 24 de enero de este año se publicó la reforma para la implementación del juicio oral en materia mercantil, herramienta con la cual se podrán atender los asuntos con un valor menor a los 220 mil pesos que no tengan una tramitación especial, fijando rígidos términos que permitirán disminuir de cuatro años a sólo cuatro meses su duración, según lo declarado por los diputados federales que la aprobaron.

Aún cuando pareciera una limitante establecer un monto para la aplicación del juicio oral en materia mercantil, el propósito es adecuado porque permitirá afinar detalles estando en marcha y después, gradualmente, ampliar su ámbito de aplicación hasta llegar efectivamente a resolver los conflictos mercantiles de una manera más rápida.

La buena noticia es que con el juicio oral, la mediación y la conciliación que trae aparejada la reforma, sin duda se reconoce la importancia y trascendencia de estos procesos y realmente se facilitará el trabajo de los funcionarios del poder judicial, de los abogados postulantes y de todos quienes intervienen en estos juicios, en beneficio de la sociedad.

La mala es que el legislador fijó un plazo para su implementación de un año que vence el 24 de enero de 2012, es decir, estamos a escasos nueve meses y como en las otras reformas, caminamos muy lentamente y no hemos iniciado todavía con el proceso de modificaciones secundarias, con la capacitación especializada  y menos  con la adecuación física de salas mercantiles de juicio oral, responsabilidades todas que requieren de una eficiente coordinación entre poderes para que cada uno dentro de su ámbito, realice lo que le corresponda.