Inmobiliarias, presionadas por el crimen organizado

CIUDAD DE MÉXICO (21/MAY/2010).- Empresas inmobiliarias sufren las consecuencias de la frontal lucha del Gobierno federal contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Algunas de ellas son objeto de amenazas, de secuestro o no se les permite su operación si no pagan una cuota mensual para ofrecerles seguridad. Otras sufren invasión de las casas a medio construir por parte de grupos de civiles armados durante varios días.

“Esto me afectó en ventas y de plano tuve que dejar de operar en esa plaza”, afirma un desarrollador de la Zona Norte del país, que no quiso ser citado por cuestiones de seguridad.

Consorcio ARA recibió ofrecimiento de “servicios de seguridad”, por parte de grupos delictivos, en desarrollos de vivienda que planeaba construir en Reynosa, Tamaulipas, “y mejor decidimos terminar lo que ya habíamos avanzado y dejar esa inversión para otro momento”, explicó Germán Ahumada Alducin, director de la desarrolladora.

“De plano decidimos cerrar la plaza ante amenazas y robo de materiales y algo similar nos pasó en Ciudad Juárez (Chihuahua)”, abundó el también presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI).

Por su parte, Jorge Quinzaños Suárez, vicepresidente de la ADI, reconoció que son un sector donde el narcotráfico “lava” sus ingresos, pero aseguró: “no hemos sido permeados de forma grave, no al menos entre quienes tenemos grandes proyectos, ni por el lado de compradores ni inversionistas. En lo primero, la Ley de Impuesto Sobre la Renta nos obliga a reportar el manejo de montos en efectivo de más de cien mil pesos; el reporte obliga dar el nombre de las personas que nos pagan de esa forma”.

El también empresario dijo que hasta ahora el Gobierno federal no se ha acercado a ellos para delinear alguna estrategia en el combate al “lavado” de dinero.

Empresas como Urbi tienen como política que en sus desarrollos se organicen los vecinos para el mantenimiento y la administración del conjunto habitacional; ahora ofrecen un plus: este modelo de organización comunitaria les permitirá contar con mecanismos de seguridad más efectivos ante la creciente delincuencia en la ciudad.

“Tenemos también como política no aceptar ofertas de compra de varias casas por parte de una sola persona, menos aún si ofrecen pagos en efectivo”, dijo una fuente allegada a la empresa, quien también aseguró que hasta el momento nadie los ha amenazado o exigido dinero.

La ADI agrupa a las 54 empresas más relevantes del país y cuyas inversiones significan 70% del desarrollo comercial, industrial, de salud, de vivienda y turística de todo México.