La generación 1.5, ‘‘carne’’ para las pandillas

CIUDAD DE MÉXICO.- En México se llamaba Juan, en California se llama John. Le cambiaron el nombre a los nueve años y no fue lo único nuevo en su vida: estrenó casa, escuela, vecinos, compañeros de juego, primos, idioma y una vida de indocumentado. El suyo fue un destierro obligatorio. Sus padres le dijeron que iban de vacaciones a Disneylandia, pero nunca mencionaron que no habría retorno. Entró a Estados Unidos con visa de turista, acompañado de sus papás y con tres maletas pequeñas como equipaje.

En menos de un año John se convirtió en el traductor de la familia. Sus papás lo inscribieron en la escuela sin mostrar ningún documento que lo identificara como residente legal gracias a que el Gobierno de Estados Unidos permite estudiar la primaria y la secundaria a todos los niños, aunque sean indocumentados. Pasaron los años y entonces John se convirtió en parte de la llamada generación 1.5. Él es uno de los 65 mil jóvenes indocumentados que salen cada año de la escuela sin oportunidades para ingresar a una universidad.

John habla un inglés perfecto. Fue un estudiante con excelentes calificaciones. No extraña casi nada de México porque ha creado su propio mundo adolescente en California; él quiere entrar a la universidad pero su realidad es triste porque sólo puede acceder a un empleo que podría conseguir un joven inmigrante ilegal recién llegado, apenas con la primaria terminada y sin el dominio del idioma.

Los miembros de la generación 1.5 son los inmigrantes en Estados Unidos que nacieron en México y que llegaron a residir en ese país cuando apenas tenían 10 años o menos de edad. Su situación es producto de una decisión en la que ellos no participaron.

Casi siempre comparten la casa con sus padres, quienes son de la generación uno, porque migraron siendo mayores de 16 años, y con sus hermanos, ya nacidos en Estados Unidos, que pertenecen a la generación dos. Estos últimos sí poseen todos los derechos de un ciudadano estadounidense.

John vive en un hogar formado por las tres generaciones. Él se reconoce como mexicano, puede desenvolverse perfectamente en la cultura estadounidense, pero su condición no le permite tener las mismas oportunidades que sus amigos; algunos de éstos son ciudadanos estadounidenses y otros son nacidos en el país, pero de padres mexicanos.

La escuela no es opción

Juan Carlos Narváez, investigador de la Facultad

Latinoamericana de Ciencias Sociales y experto en el tema de la migración juvenil, dice que la condición de los migrantes de generación 1.5 es frustrante. Aunque logren colarse en la universidad con papeles falsos no les servirá de nada porque titularse con una identidad apócrifa no les permitirá integrarse al mundo laboral.

“Esta generación generalmente tiene dos destinos dentro del país: o acepta un trabajo que es de muy bajo nivel y sueldo a pesar de que tiene la preparación y de que domina el idioma, o termina siendo miembro de la pandilla del barrio”.

Narváez asegura que los migrantes mexicanos de la primera generación y de la 1.5 casi siempre viven en barrios con presencia latina donde, al no gozar de una identidad legal, los jóvenes se crean una propia en el barrio.

Para entrar a las pandillas no se necesitan credenciales. “Los migrantes jóvenes se saben dotados de habilidades, pero al no haber una perspectiva de desarrollo de sus capacidades crean sus propios vínculos sociales. Terminan en pandillas porque el barrio representa el escenario donde encuentran una identidad de sangre, por eso defenderlo va más allá de la muerte, es su forma de salir de la exclusión, una manera de hacerse presentes en un país donde cuentan poco”, afirma Juan Carlos Narváez.

El investigador explica que algunos estados, preocupados por la generación de pandillas, han hecho el esfuerzo por vincular los estudios de secundaria y de bachillerato con el arte.

“Así un estudiante que sale del grado equivalente a la preparatoria con una habilidad en la pintura, la música o cualquier otra manifestación artística, tendrá más posibilidades al salir del colegio que sólo tomar una bicicleta y repartir comida en Nueva York, un trabajo que suele ser de los primeros que tienen los inmigrantes en la isla”.

La opción de entrar a la universidad es prácticamente nula. Las leyes federales del país prohíben a los indocumentados asistir a una institución de educación superior. Son contadas las universidades a las que puede tener acceso un migrante sin ciudadanía estadounidense. Las que lo permiten suelen cobrar colegiaturas al doble del precio.

Para ingresar, un estudiante debe radicar por lo menos un año en el Estado donde se ubica la universidad. Una institución pública puede tener una cuota anual de seis mil dólares para residentes del Estado y de 14 mil para estudiantes considerados de “fuera del Estado”. Los estudiantes que no son ciudadanos estadounidenses, que tienen una visa de estudiante, de turista o de trabajo son catalogados como de “fuera del Estado”.

Los olvidados por dos países

Por esos jóvenes no se preocupa el Gobierno mexicano. Las autoridades saben que difícilmente detendrán la migración. Es más, sus propias encuestas aseguran que 22 % de los jóvenes tiene la intención de emigrar hacia Estados Unidos de forma ilegal. Sin embargo, no se cuenta con políticas públicas que hasta el momento funcionen.

El Instituto Mexicano de la Juventud (IMJ) acepta que la migración es un fenómeno que forma parte del desarrollo de las sociedades, pues mejora las expectativas de desarrollo económico que se tienen en los lugares de origen de la población migrante. Aunque saben que no se reconocen sus derechos y que son objeto de discriminación social y laboral.

Los funcionarios del Instituto están conscientes de que los migrantes jóvenes desempeñan tareas de poca calificación, por lo general en los sectores de servicios y de la construcción, que realizan los trabajos más riesgosos y que son el grupo más vulnerable porque están expuestos en mayor medida a la discriminación por motivos de origen étnico, de sexo y edad.

A grandes rasgos, la única solución que proponen a través del Programa Nacional de Juventud 2008-2012 (Pronajuve) es gestionar programas de educación abierta y a distancia que reincorporen a los migrantes jóvenes al sistema educativo, además de promover mecanismos de seguimiento del historial educativo de los jóvenes en educación media superior y superior, así como sus condiciones de ingreso, permanencia y desarrollo en el mercado laboral.

Pero ésas son sólo buenas intenciones, dice Narváez, porque realizar estudios profesionales a distancia no servirá de nada si antes no se resuelve su condición migratoria. En consecuencia, ellos no pueden ejercer sus licenciaturas en Estados Unidos aunque tengan todos los méritos posibles.

El investigador propone que el Gobierno federal trabaje con cada uno de los jóvenes a través de los consulados mexicanos en Estados Unidos.

“En los consulados saben perfectamente cuántos mexicanos están en condiciones de entrar a la universidad; se tendrían que hacer programas específicos para ellos, crear políticas públicas en las que se les diera un seguimiento, garantizándoles que al terminar su carrera universitaria tendrán las mismas posibilidades que sus hermanos, hijos de mexicanos, o de sus compañeros de clase”.

Narváez agrega que la migración no parará y que, de no poner atención a los millones de jóvenes que se convirtieron, sin su consentimiento, en ilegales, existen grandes posibilidades de seguir alimentando el pandillerismo juvenil formado por latinos en Estados Unidos.

Telón de fondo

Los niños también  van a trabajar

De acuerdo con un estudio del Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados (CEDIA), hasta septiembre de 2009 fueron deportados de los Estados Unidos 21 mil 220 migrantes menores de 17 años, de los cuales 13 mil 110 regresaron solos, probablemente porque también partieron sin compañía.

Las razones que se tienen para la migración de niños son, en primer lugar, el reencuentro familiar, y el segundo por razones laborales. Es decir, tienen que ayudar a su familia a solventar la situación económica.

De acuerdo con datos de varias organizaciones internacionales, entre 980 mil y un millón 250 mil niños se encuentran sometidos a trata infantil a consecuencia de los desafortunados eventos que le suceden a los menores, desde su salida de los lugares de nacimiento a sus destinos finales.

“Solos o acompañados los infantes emprenden la aventura para encontrar a sus familiares o escapar de la pobreza”, apunta el estudio a cargo del investigador parlamentario, Gabriel Mario Santos, quien advierte que el fenómeno, que inicia como migración, “puede convertirse en trata de personas”.