México pide a corte de EU rechazar ley antiinmigrantes

PHOENIX, ESTADOS UNIDOS (22/JUN/2010).- México le solicitó el martes a un tribunal estadounidense declarar inconstitucional la ley de Arizona que criminaliza la inmigración ilegal.

Abogados que representan al gobierno de México enviaron un expediente en apoyo a las demandas interpuestas contra la ley de Arizona. dicha legislación entrará en vigencia el 29 de junio a menos que su implementación quede impedida por orden judicial.

En su documento, el gobierno mexicano expresa sus "graves preocupaciones'' por la ley y su empeño en no dejar que una medida estatal frustre su interés en tener buenas relaciones con Estados Unidos. Afirmó que tiene un interés legítimo en defender los derechos de sus ciudadanos y que la ley conduciría a prácticas de etiquetamiento racial, afectaría el comercio y el turismo, y perjudicaría la cooperación entre los dos países en la lucha contra el narcotráfico y la violencia.

"Los ciudadanos mexicanos sentirán temor de visitar Arizona por razones de trabajo o placer debido al temor de que serán detenidos o sometidos a escrutinio policial ilegal'', dice el documento.

Un juez estadounidense deberá decidir si acepta la carta junto con otras similares entregadas por diversas instituciones.

No fue posible de inmediato conseguir una reacción de la gobernadora de Arizona Jan Brewer. La mandataria estatal, quien promulgó la ley el 30 de abril, ha contratado abogados para defenderla en los tribunales.

Brewer y sus partidarios sostienen que la ley busca persuadir a los inmigrantes ilegales de salir de Estados Unidos. Dicen que es consecuencia de la falta de acción del gobierno federal ante los problemas sociales causados por la inmigración clandestina. Argumentan que la ley tiene cláusulas que impiden que sea usada para la caracterización racial.

El gobierno mexicano ya antes había expresado su desacuerdo con la ley y el Presidente Felipe Calderón dio su opinión al respecto en mayo, cuando visitó Washington.

Las autoridades estadounidenses han indicado que tienen reservas sobre la ley y que probablemente presentarán demandas para obstruirla.